El cielo amaneció gris. Las nubes abrazaban la ciudad y el tiempo, quizás como para alertarnos, parecía detenerse por un momento. Cada palabra, cada cosa que sucedía, hacía que aumentara el desconcierto.

Irene dejaba tras de sí una estela de desconsuelo. Comunidades anegadas y aisladas, gente desplazada, puentes derribados y casas destruidas. La historia se repite, nueva vez, para recordarnos cuánto tenemos pendiente por hacer.

Aunque todo tiene que ver con los rigores del clima, Irene vuelve a poner la llaga en el dedo: ¿seguiremos permitiendo que la gente viva en lugares vulnerables? ¿Cuándo habrá un gobierno que se decida a prohibir que se construya junto a los ríos y cañadas?

En tiempos electorales pesa hablar de esto. El costo político de una medida así es incalculable. Sobre todo si lo intenta hacer el gobierno actual. Aquel que, tal como arrojó la encuesta Gallup-Hoy, está demasiado desgastado.

Hasta el momento ninguno de los candidatos ha hablado acerca de este tema. Quizás no le dan la importancia debida o, por lo delicado que es, prefieren ignorarlo como si no existiera. Sin embargo, es importante que recuerden que esta situación es tan reiterada como innecesaria.

Urge que el país cuente con una política habitacional que contemple la seguridad de la población. No podemos seguir permitiendo que tantas personas vivan en peligro y, además, continúen engrosando la lista de damnificados cada vez que hay un fenómeno atmosférico.

Aunque dé vergüenza debemos recordar que aún andan por ahí algunos damnificados del huracán David (1979) y del Georges (1998), así como de las tormentas Olga y Noel (2007). ¿Cuántos más tiene que haber? Hagamos algo ya.