Existe como fuente de derecho la frase “la costumbre hace ley”; siendo esta tan real para reconocer derechos como para perpetuar y legitimar la desigualdad, la injusticia y el abuso de poder. Es por esto, que no basta con que los derechos estén plasmados en la Constitución o en las leyes, siempre es necesario retomar las palabras de José Martí cuando dijo: “Los derechos se toman, no se piden; se arrancan, no se mendigan.”

Los Alguaciles Ordinarios han sido víctimas de la costumbre, desde el 1927, por la crisis económica de la época, no les fue asignado un salario, quedando en la intemperie institucional sin seguridad social, ni seguro médico, pensión o ninguna protección laboral; la costumbre ha podido más que la Ley 16-92 del código de trabajo en 1992, que la Ley No. 327-98 de Carrera Judicial de 1998, que la Ley No. 41-08 de Función Pública y que todas las reformas constitucionales. Hasta el sol de hoy, la desigualdad laboral del Alguacil se mantiene.

Para resolver esta crisis y superar la inclemente indolencia de nuestras autoridades es necesaria la consciencia ciudadana, que te hace reconocer tus derechos y te obliga a exigirlos, de forma indómita y brava; pero con la inteligencia emocional para mantener el control del proceso y saber que sólo la conciencia colectiva se impondrá al poder fáctico.

Los Alguaciles han forjado dos grandes gremios; la Asociación Dominicana de Alguaciles – ADA, y la Asociación Nacional de Alguaciles Unidos – ANAU, entre otras asociaciones provinciales, las cuales han forjado un liderazgo capaz de guiar este proceso, siempre y cuando, depongan sus intereses grupales y se enfoquen en los puntos que están de acuerdo para construir una verdadera unidad.

La prueba de fuego de todo líder no es guiar, sino tener la humildad de reconocer la importancia del más indefenso de sus seguidores, dejar la comodidad del trono y comenzar a caminar codo a codo, apoyándose para llegar todos juntos. En esta lucha en especial no se trata de que nos den la razón, la tenemos, sino que cada Alguacil esté consciente y sea capaz de elevar su voz y hacer lo necesario para ponerle un alto, para que todos gocemos de los mismos derechos laborales.

Propongo iniciar esta lucha con tres propuestas coincidentes; primero: Salario Básico para todos los Alguaciles Ordinarios; Segundo: elevar el monto de las dietas por las notificaciones de oficio; y tercero: que dichas dietas sean pagadas concomitantemente con la asignación del trabajo. Sin duda alguna, todos estamos de acuerdo con estas pretensiones. Dejando fuera de este proceso todas las demás exigencias en las que no tenemos un consenso.

Luego de tener clara la finalidad, la responsabilidad personal de cada uno, sólo nos falta un método para que nuestros esfuerzos sean sincronizados, rompiendo la costumbre de la indiferencia, el individualismo y la iniquidad. Un método básico, pero inmensamente poderoso es: integración, empoderamiento, consenso y acción.

Integración: no esperes que nadie te invite, ponte en acción y busca la forma de incluirte, di “estoy aquí para ser parte ¿Cómo ayudo?”; empodérate: investiga, infórmate y haz tuyas las propuestas, domínalas. Consenso: todas las decisiones deben ser tomadas con la participación de todos y utilizando la tecnología es posible. Acción: todas las tareas que sean definidas deben cumplirse al pie de la letra. Errores que debes evitar: no excluyas a nadie, respeta las diferentes opiniones; no te lleves de comentarios ajenos, haz tu propia lectura y saca tus propias conclusiones; no permitas que el liderazgo decida por ti, ni por otros, la legitimidad en la toma de decisión es mas importante que la propuesta elegida; y no hagas más de lo acordado, respeta los límites.

Estemos convencidos que el Consejo del Poder Judicial nos tomará en cuenta sólo cuando actuemos unidos, ellos enfrentan grandes limitaciones presupuestarias, obligados a sacrificar santos para solucionar los temas que entiendan que son mas prioritarios. Evidenciemos con nuestra unidad que debemos ser una prioridad, brindémosles el apoyo necesario para fortalecer el sistema judicial y la institucionalidad que permita un verdadero Estado de derechos y garantías, donde los y las Alguaciles también estemos incluidos.