Hoy 
POR ELIAS RUIZ MATUK
El presidente Leonel Fernández juramentó ayer a los integrantes de la Comisión Nacional de Etica y Combate a la Corrupción, organismo integrado por representantes del gobierno, la sociedad civil y el sector empresarial.
El acto de juramentación, que se llevó a cabo en el salón de Embajadores del Palacio Nacional, contó con la presencia de la representante de la Agencia Internacional de Desarrollo de los Estados Unidos (USAID, por sus siglas en inglés) y de otros representantes estadounidenses.
Entre los juramentados estuvo el doctor José Joaquín Bido Medina, secretario de Estado y asesor especial del presidente Fernández, quien presidirá la comisión; el doctor César Pina Toribio, consultor jurídico del Poder Ejecutivo y el doctor Francisco Domínguez Brito, procurador general de la República.
Mientras que la Unidad Técnica, que tiene a su cargo la formulación de propuestas y el plan de acción, estuvo representada por Gustavo Montalvo, quien representa al gobierno y fungirá como coordinador de la citada comisión.
También la integran, Octavio Lister, del Departamento de Prevención contra la Corrupción; Daniel Omar Caamaño, de la Contraloría General de la República; Julio Aníbal Fernández, de la Secretaría de Finanzas y el sacerdote Víctor Masalles, en representación de la Iglesia Católica.
Asimismo, Ramón Tejeda Holguín, en representación de la Coalición por la Transparencia y la Institucionalidad y del Foro Ciudadano y Cristóbal Cardoza, en representación de las iglesias evangélicas.
Luego de juramentar a la comisión, el presidente Fernández se reunió por espacio de varios minutos con sus integrantes, a cuya junta se adhirió Elena Brineman, Josefina Coutiño directora de Proyecto Justicia y Gobernabilidad y Sharon Carter, gerente de gobernabilidad de la USAID.
El presidente Fernández emitió el decreto 101-05 el pasado 16 de febrero en el que creó la comisión de ética, entre cuyas atribuciones figuran las de asesorar al Poder Ejecutivo en materia de lucha contra la corrupción y fomento de la ética y la transparencia y elaborar un plan de acción articulado donde se consideren las propuestas de los distintos sectores de la sociedad.
También, promover la revisión de la normativa relacionada directa o indirectamente con los temas de su competencia y someter al Poder Ejecutivo propuestas de adecuación, así como ejecutar cualquier otra actividad relacionada con su ámbito de acción, que sea necesaria para el logro de los objetivos encomendados.
