Jurisdicciones Opacas”, simpático eufemismo al que se está recurriendo para hacer referencia a lo que venía conociéndose como “paraísos fiscales”, calificando a aquellos centros financieros internacionales con un marco legislativo que permite depositar enormes riquezas fuera del control de sus países de origen.

La mayor parte de estos activos, lejos de lo que con frecuencia se cree, no provienen del narcotráfico ni de acciones del crimen organizado sino de entidades formales que recurren a este recurso para esconder sus ingresos de los órganos de recaudación de impuestos – acto delictivo – deviniendo en verdaderos delincuentes de “cuello blanco”.

Lamentablemente, con demasiada frecuencia, algunos países utilizan el tema para incriminar internacionalmente a naciones con las que tienen diferencias de algún tipo dañando así la credibilidad en el enfrentamiento al problema. Con mucha claridad se escucharon denuncias en ese sentido hace pocos días en el marco de la celebración del “Encuentro Suramericano de Ministros sobre la Lucha contra el Lavado de Activos” que reunió a los ministros de Seguridad y Justicia de las 12 naciones sudamericanas – Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela – en la que el Ministro de Justicia argentino, anfitrión del evento, denunció lo que calificó como “el doble discurso de los países centrales, que mientras exigen endurecer las normas en las naciones periféricas en la lucha contra el lavado de dinero, muchas veces amparan y avalan la existencia de paraísos fiscales”.

Agregó el Ministro: “Nuestros países son acusados reiteradamente de favorecer el lavado de dinero, pero la realidad nos muestra que somos víctimas de ese delito” e igualmente denunció que “el lavado de dinero distorsiona gravemente el funcionamiento de la economía, y se convierte en una legitimación de las organizaciones que se lucran con operaciones delictivas y luego blanquean el dinero”.

Efectivamente, se estima que gobiernos del mundo, ricos y pobres, dejan de ingresar anualmente más de 250 mil millones de dólares por concepto de impuestos que no se cobran por riqueza escondida en centros financieros – se calcula que representa un 2- 5% del PIB del mundo – que no brindan información sobre los mismos. Ese secretismo afecta el funcionamiento de la economía y los flujos de inversión, estimulando prácticas corruptas que comprende sobornos, malversación, fraudes, operaciones con información privilegiada, en general: la violación de las leyes.

En algunas economías las estimaciones del lavado de activos alcanzan cifras impresionantes: estimaciones señalan que entre 2000 y 2010 el flujo de dinero ilícito en Costa Rica fue de 64 mil millones de dólares y en Panamá de 40 mil millones mientras que en México, del 2001 al 2010, habría llegado a los 476 mil millones. Por otra parte, no se puede ignorar que al eliminar ese movimiento de capital se tiene un efecto importante en toda la economía.

Los cinco países que encabezan la lista de naciones con mayor secretismo sobre los depósitos bancarios son Suiza, Isla Caimán – posición colonial inglesa -, Luxemburgo, Hong Kong y Estados Unidos.