John Garrido, especialista en Derecho Penal advierte a los legisladores  sobre  modificaciones  al Código del Menor  que pueden tener visos de inconstitucionalidad.

Explica Garrido que la introducción de que la “prueba ósea” prevalecerá sobre cualquier medio de prueba, incluida el acta de nacimiento,  es sintomático de cierta contradicción con la Ley Sustantiva,  ya que esta modificación establece el sistema de la tarifa legal o prueba tasada.

“La valoración jurídica de una prueba no la puede determinar el legislador. Quien determina el valor probatorio de una prueba es el juez” respondió Garrido a la consulta realizada por el programa radial La Voz del PLD, órgano del Partido de la Liberación Dominicana.

Dijo que la Constitución actual adopta el sistema penal acusatorio y su sistema de valoración de las pruebas es el de la sana crítica no el de la prueba tasada.

Garrido, quien es dirigente del Partido de la Liberación Dominicana,  advierte sobre violación  a la constitución que el legislador le indique al juez el valor de una prueba. “Ningún poder del Estado puede asignarle cuanto cuesta una prueba a un juez”, comentó.

Esto es una tarea que la determina el juzgador a través de la lógica, la experiencia y el conocimiento científico. Esta modificación legal le resta personalidad al juez, ya que le impone aceptar soluciones en detrimento de su propio convencimiento.” 

De otro lado sostiene Garrido que en el aumento de las penas no se traduce en más seguridad al ciudadano ni resuelve el problema de la delincuencia juvenil: “Un aumento de la pena al código del menor se hizo en el ano 2003, llevando la pena de 3 a 5 anos y no disminuyo la delincuencia juvenil”,  señaló.