El jurista español Baltazar Garzón  ratificó de nuevo que se trata de una acusación política la instrumentada por Guillermo Moreno contra el expresidente Leonel Fernández y la Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode) y aseguró que no le preocupan las críticas en su contra por mantener esa postura.

Asimismo,  calificó como violatorio de los derechos humanos que la justicia dominicana mantenga en prisión al banquero Luis Álvarez Renta,  condenado a 10 años por el desfalco del Banco Intercontinental (Baninter), ocurrido en el 2003.

Aseguró que tampoco le importan las críticas por defender a Álvarez Renta en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, bajo el alegato de que al banquero se le están violentando sus derechos a la salud y a la libertad.

Indicó que, a pesar de que Álvarez Renta fue debidamente juzgado por la justicia dominicana, el caso fue llevado ante un tribunal internacional, porque se cuestiona la sentencia en su contra y los trámites legales que concluyeron con la condena del banquero.

“Se cuestiona que esa sentencia haya sido justa, se cuestiona que se hayan cumplido todos y cada unos de los trámites que deberían de haberse tenido en cuenta, porque se considera inocente de sus cargos y porque no  se han respetado las garantías que establece la constitución americana de Derechos Humanos”, precisó Garzón.

Sobre Leonel Fernández expresó: “Escribí un artículo periodístico  de contenido jurídico en el que hacía una serie de planteamientos sobre el caso que le imputaban a Leonel Fernández. Lo hice  porque entendí que se estaba usando la justicia para perseguir hechos netamente políticos, y eso lo critico en cualquier país en el que ocurra porque  me preocupa”.

“Escribí una  opinión jurídica sometida lógicamente a la discrepancia y al acuerdo, no me unen vínculos con el caso, ni políticos ni extrajurídicos. Pero estoy convencido de que es un caso político y no escribo si no estoy convencido de lo que digo”, agregó.

Garzón fue entrevistado en el almuerzo de los medios del Grupo de Comunicaciones Corripio, junto al abogado de Álvarez Renta, Eric Raúl.

“La instrumentalización de la justicia para perseguir hechos de contenido claramente político, a mí me preocupa en cualquier país del mundo”, siguió diciendo el jurista, que alcanzó notoriedad en 1998, cuando siendo juez  de la Audiencia Nacional de España dictó orden de captura contra el dictador chileno Augusto Pinochet, por los asesinatos políticos durante su gobierno.

En otro orden, dijo que asumió la defensa de la dominicana Vanya Abreu, condenada a 10 años de prisión por un tribunal norteamericano, porque considera injusta la sentencia.

Abreu está implicada en un fraude al Medicare cometido por un centro de atención a  envejecientes situado en  Miami, donde trabajaba.

“Decidimos  incorporarnos al equipo de defensa de forma altruista, estudiamos el contexto, como se había producido un fallo injusto a alguien que estaba en el lugar equivocado y que no tenía nada que ver en la estructura de la empresa en el fraude al Medicare”, significó.

Insistió en que “la condenaron casi por hacer su trabajo, y según la fiscal actuante, por  no haber hecho lo debido para evitar que otros hicieran lo que hicieron, un absurdo jurídico que es la conspiración en Estados Unidos.

Consideró que en el caso de Abreu “se rechazaron pruebas a favor de ella y la justicia estaba en un gran caso de marketing jurídico; eso es lo que ocurrió aquí, y en esa dinámica Vanya fue una víctima, por eso la estamos defendiendo”.

UN APUNTE

Sobre el exnuncio. El abogado  español Baltasar Garzón consideró ayer que en el caso de que el nuncio Josef Wesolowski, acusado de cometer  pederastía, esté protegido por la Convención de Viena, no es inmune a ser juzgado. “Lo que hay que dilucidar es si este nuncio o embajador estaba  protegido en el momento de cometer los hechos por la Convención de Viena”, expresó.