John Garrido, especialista en Derecho Penal y dirigente del Partido de la Liberación Dominicana   afirma  que la Republica Dominicana no está en capacidad legal para enfrentar los delitos que comete el crimen organizado.

“La legislación penal actual no permite castigar penalmente a los miembros de una organización criminal por el solo hecho de pertenecer a la misma” reflexiona el jurista a propósito del debate de este tema en la opinión publica.

Indica Garrido e una entrevista para la Voz del PLD que el  derecho penal dominicano esta concebido solo para castigar conductas que se manifiesten o que provoquen un daño a los derechos fundamentales e individuales de una persona, no así para dictar penas a los miembros pertenecientes de una estructura criminal sin que estos ejecuten una acción.

Sostiene Garrido que una legislación penal para que pueda ser eficiente y poder enfrentar en toda su dimensión y con éxito el crimen organizado deberá contemplar como delito y establecer el castigo a los miembros por el solo hecho de pertenecer a una organización de carácter criminal.

“Este es el tratamiento que se esta aplicando en las países que tienen un derecho penal moderno y que han tenido una tradición de crimen organizado. Sin embargo, en nuestro país no es posible” adujo con preocupación el jurista y dirigente político, sugiriendo así legislar en esa dirección.

Agrega que “La conformación de una estructura criminal no solo está al márgen de la ley sino que desafía al Estado y compite con el Estado, al tiempo que se ubica como una entidad asocial que se prepara para cometer futuro delitos y esta condición de por si deberá ser castigada. La paz jurídica, la seguridad ciudadana y la seguridad pública son bienes jurídicos que un Estado tiene que proteger y los

mismos se encuentran en alto riesgos de ser amenazados cuando los miembros de una sociedad se organizan para afectarlos” aduce.

Finalmente señala John Garrido que se hace necesario y de manera urgente,  una legislación penal que enfrente el crimen organizado en toda su dimensión, que indique las conductas penales que tendrán la categoría de crimen organizado y que establezca cual es el bien jurídico a proteger.