Un abogado especialista en asuntos inmobiliarios de la provincia La Altagracia, hizo un llamado urgente al presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y del Consejo del Poder Judicial (CPJ), Luis Henry Molina, para que intervenga cuanto antes el área inmobiliaria de ese Departamento Judicial, a propósito de las denuncias de supuestas acciones vandálicas de malhechores, con el presunto involucramiento de varios directores de mensuras catastrales.

Stalin Ciprián reclamó que se escuchen las quejas de los usuarios de los servicios inmobiliarios, que se les den las respuestas correctas, para corregir los actos cuestionables, “para que la seguridad jurídica sea el norte a seguir”.

Sugirió a las altas instancias judiciales, instalar un segundo Tribunal de Tierras y que el CPJ actúe ante las denuncias de actos incorrectos que se han presentado contra funcionarios de la jurisdicción, por ser el órgano superior y tener el control disciplinario de los jueces.

Entrevistado en el programa “Así Vamos, con Héctor Guzmán”, que se difunde por TRA Teleradio América, Ciprián dijo que se han hecho denuncias concretas, sin recibir la más mínima reacción al respecto.

“Inclusive”, continuó, “esas denuncias las han presentado personal que trabajan en la jurisdicción, acusando a sus superiores de conducta impropia y el CPJ no ha dado respuesta de esa situación”, manifestó.

Lamentó que algunas de esas querellas, hace más de tres y cuatro años que las hicieron, y que a pesar de eso se mantengan en sus puestos los mismos actores… “las hacen dormir, apañan situaciones, a partir de consejeros de la zona del este que mantienen una relación de amistad con los que están ahí, entonces ocultan esos procedimientos para mantener su hegemonía…”, dijo.

Citó el caso ocurrido en la zona de Cabeza de Toro, Bávaro, en el que la firma Land Castle Company, Inn, cuyos accionistas han denunciado públicamente que le han inventado sobre su terreno una permisología y que personas armadas les han ocupado sus terrenos, entre otros, impidiéndoles ejecutar su proyecto turístico.

Otra situación ilegal que, según dijo, aún se mantiene es la que se presenta en una comunidad de la provincia, donde funciona un complejo habitacional cerrado, en el que “un día una persona con poder dentro de la jurisdicción, decidió que el camino para llegar a su casa era cruzando por medio del proyecto y decidió abrirlo, rompiendo las barreras•.

Una situación que dijo llamó la atención de la población higüeyana fue cuando unas personas litigan unos terrenos, “pero terminaron dándose cuenta de que ni los demandantes ni los demandados se habían quedado con la propiedad, sino el que tenía que decidir sobre el asunto, lo han acusado públicamente de que se ha quedado con la propiedad, sin que se haya impuesto ningún tipo de sanción.

Manifestó que estas irregularidades denunciadas afectan la seguridad jurídica en un área que para todo el país es muy delicada, por tratarse de la principal región turística del país como Bávaro y Punta Cana, entre otras.

r Ciprián dijo que los abogados “estamos cansados y aunque tenemos un interés pecuniario, nuestro afán es servir y llevar el conocimiento de las leyes para que se respeten los derechos de las personas”.