Jurista y Adocco afirman JCE no está por encima   de Ley 340-06

Jurista y Adocco afirman JCE no está por encima   de Ley 340-06

El jurista Carlos Salcedo y la  Alianza Dominicana contra la Corrupción (Adocco)  rechazaron  ayer que la  autonomía  económica  y financiera  de la Junta Central Electoral (JCE)   esté por encima de la Ley 340-06, y de que solo puede ser auditada por la Cámara de Cuentas, como afirmó su presidente, Roberto Rosario.

En declaraciones por separado, Salcedo y  Adocco coincidieron al señalar, además,  que la Ley de Contratación Pública de Bienes, Obras, Servicios y Concesiones  es de aplicación general y no hace exclusión alguna, por lo que todas las instituciones autónomas y descentralizadas deben ceñirse a ella.

No puede tener reglamento. Salcedo dijo que las compras de la  JCE no solamente pueden ser  revisadas por el Estado, sino que además el organismo electoral no puede tener un Reglamento de Compras interno.

Consideró “impropio”  de un jurista de la talla de Rosario y  los demás miembros de la JCE que también son abogados,  decir que porque la Constitutión de 2010 le da autonomía e independencia, la Ley 340-06 no es aplicable a la Junta.

“Si hubiere alguna excepción en la Ley 340-06, yo quisiera que él (Rosario) me la identifique”,  agregó Salcedo, entrevistado en el programa El Día.

Señaló que de ser como afirma el presidente de la JCE, al Poder Ejecutivo, la Suprema Corte de Justicia (SCJ), el Congreso Nacional, los cabildos y otras instituciones con autonomía presupuestaría no se les aplicaría la referida ley.

Quiere confundir.  La Adocco, de su lado, dijo que Rosario trata de confundir a la opinión pública, ante la solicitud legítima que le hizo la Dirección General de Contrataciones Públicas para que se someta a los rigores de la ley en la materia.

Refirió que la Ley 340-06 establece con claridad su alcance en su párrafo I, el cual reza: “A los efectos de esta ley se entenderá por Gobierno Central la parte del sector público que tiene por objeto la conducción político-administrativa, legislativa, judicial, electoral y fiscalizadora de la República, conformada por el Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, la JCE y la Cámara de Cuentas”.

Agrega  que el órgano rector de las compras y contrataciones públicas es la DGCP, en cuya calidad le pidió a la JCE que se someta a las disposiciones de la misma.

 Ley 340-06.    Esta ley,  con modificaciones, tiene  por objeto establecer los principios y normas generales que rigen la contratación pública, relacionada con los bienes, obras, servicios y concesiones del Estado, así como las modalidades que dentro de cada especialidad puedan considerarse.

  Están sujetos a las regulaciones previstas en esta ley y sus reglamentos “los organismos del sector público que integran los siguientes agregados institucionales: el Gobierno Central; las instituciones descentralizadas y autónomas financieras y no financieras;  las instituciones públicas de la seguridad social;  los ayuntamientos de los municipios y del Distrito Nacional;  las empresas públicas no financieras y financieras, y cualquier entidad que contrate la adquisición de bienes, servicios, obras y concesiones con fondos públicos”, dice  la citada ley.

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Reglamento del Gobierno Vs de la JCE

El presidente Danilo Medina emitió el  9 de septiembre pasado el decreto número 543-12, mediante el cual creó un nuevo Reglamento a la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones del Estado.
El mismo regirá  para las compras y contrataciones de bienes, servicios, obras, consultorías y alquileres, con opción de compra y arrendamientos que realicen los entes y órganos del sector público.

 El decreto establece que serán considerados casos de excepción y no una violación a la ley,  situaciones de Seguridad Nacional, relacionadas con el carácter secreto del Estado, militar o de orden interno, que deban realizar los organismos que conforman el Sistema de Inteligencia Nacional, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, entre otros.

Casi dos meses después,  el 31 de octubre, la Junta Central Electoral aprobó también un  nuevo Reglamento para la Compra de Bienes y Contratación de Obras y Servicios que  oscilarían entre un centavo de peso (RD$0.01) hasta RD$155 millones.

A la  Dirección Administrativa  se le atribuyó la facultad para  la gestión de compras de bienes, contrataciones de obras y servicios de la institución, y a la Comisión de Compras y Licitaciones,  organizar y ejecutar los procesos de licitación.

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