El Instituto Dominicano de Derecho Procesal (IDDP) consideró    ayer que la creación de la Policía Técnica Judicial en la recién aprobada Ley Orgánica del Ministerio Público no viola ningún precepto constitucional que amerite su modificación y advirtieron que lo que sí implicaría una transgresión a la Carta Magna sería no reconocer que al Ministerio Público le corresponde dirigir los hechos punibles.

 La organización, que preside el juez José Alberto Cruceta, emite su consideración en momentos en que el presidente Leonel Fernández, devolvió al Congreso la Ley 133-11 con el fin de que se excluya lo atinente a la creación del  Cuerpo Técnico de Investigación de la Policía Nacional bajo el argumento  que la nueva disposición generó ‘confusión’.

Recordaron que la idea de crear una Policía especializada no es ajena a la tradición jurídica dominicana, debido a que  mediante la Ley 5005 del 28 de junio del 1911 se modificó el artículo 9 del Procedimiento Criminal de la República Dominicana, para establecer que la supervigilancia y dirección de la Policía Judicial y de sus funcionarios estuviera a cargo del Procurador General de la República y de los Procuradores Generales de las Cortes de Apelación.

La entidad que hace la advertencia está integrada además por el ex procurador general Mariano Germán Mejía, Ricardo Rojas León, Fernando Martínez y Sergio Germán.