La dependencia de los partidos político y de los poderes fácticos, problemas de gestión, falta de presupuesto, movilidad antojadiza de jueces y sin cumplir el debido proceso y evaluación inadecuada y viciada de los mismos son factores que inciden en la falta de independencia de la Justicia en el país y minan su adecuado funcionamiento.
Así lo afirmó ayer el jurista y experto constitucional Francisco Álvarez Valdez, al participar en el debate “La realidad de la independencia de la Justicia en la República Dominicana”, organizado por el Centro de Altos Estudios Económicos y Sociales de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra.
También participaron los juristas y catedráticos Fernando Henríquez y Eduardo Jorge Prats.
Álvarez Valdez reflexionó sobre la importancia de que el Poder Judicial sea independiente de cualquier poder externo a él para que funcione de manera adecuada, ya que, en su opinión, sin esa desconexión no habrá Justicia efectiva.
Otros aspectos citados por Álvarez Valdez para esa independencia fueron la inamovilidad de los jueces y que también los de las altas cortes sean de carrera.
“En nuestro país la inamovilidad de los jueces consagrada en la Constitución y en la Ley de Carrera Judicial ha sido violentada de manera constante con traslado de jueces porque no responden a los intereses del poder político de turno”.
Falta de debido proceso. El también catedrático citó de manera sucinta como elementos de la poca independencia del Poder Judicial la inobservancia del debido proceso, juicios disciplinarios a jueces, una mala gestión, inadecuada evaluación, falta de presupuesto y ausencia de un escalafón judicial, entre otros.
De su lado, Fernando Henríquez dijo que la independencia de la Justicia es una ficción legislativa, ya que en ningún país del mundo el Poder Judicial es independiente, por lo que cree que lo que debe propugnarse es por su autonomía.
“Por lo que hay que luchar es para que las decisiones judiciales sean solo el resultado de la convicción del juez, libres de toda influencia de otros poderes o autoridad”, señaló.
Argumentó que el Poder Judicial no puede ser intrínsecamente independiente porque es el poder político que lo designa, que los evalúa, que le provee los recursos y que pone en movimiento las acciones de los jueces.
A pesar de eso entiende que los ciudadanos deben ser observadores y veedores de las actuaciones de los jueces para que sus decisiones sean de castigo a los violadores de la ley, ya que cree no habrá cese de la impunidad sin una Justicia efectiva.
Esa línea de pensamiento fue seguida por Jorge Prats, quien aunque está de acuerdo con la designación política de los jueces y que no es necesario que en las altas cortes sean de carrera, opina que los ciudadanos deben proponer los que entiendan son más adecuados para la función.
Manifestó que la sociedad civil, el Colegio de Abogados, las asociaciones de estudiantes de derecho y otros organismos, debe activarse y empoderase para participar con propuestas de candidatos.
A la actividad asistieron representantes de la sociedad civil, de partidos políticos, catedráticos, estudiantes universitarios y personalidades de la comunidad jurídica del país.