“La constitucionalización de la vida política. Avances y retos en la República Dominicana”, fue uno de los temas de debate desarrollados durante el IV Congreso Internacional de Derecho y Justicia Constitucional en el que se concentraron varios juristas, quienes abordaron la historia del sistema político, la Constitución, normas aprobadas y otros proyectos de leyes que viabilizarían una participación en la toma de decisiones de los ciudadanos.

Los ponentes, Julio César Castaños Guzmán, presidente de la Junta Central Electoral (JCE); Flavio Darío Espinal, consultor jurídico del Poder Ejecutivo; Marisol Vicens, socia de la firma Headrick, Rizik, Álvarez y Fernández, así como Cristóbal Rodríguez Gómez, de la firma Aequus, analizaron los hechos fijando su posición y partiendo de lo que contempla la Constitución en sus distintas modificaciones y valoraron el estado social y democrático de derecho alcanzado hasta la actualidad.

Castaños Guzmán consideró que “somos una democracia representativa y cada vez más participativa” y entre otros procesos de elecciones, resaltó la estructura del sistema constitucionalizado en el título 10 de la Constitución del 2010.

Entre los desafíos del sistema electoral dominicano mencionó la constitucionalización de los partidos políticos, que se impida la coacción, violencia y sugestión por compra de votos y el acceso desequilibrado de los medios de comunicación.

“Nuestros colegios electorales precisan de una verdadera participación ciudadana”, sostuvo Castaños Guzmán y exhortó a que dejen la comodidad y se integren a trabajar en los futuros comicios.

Para Flavio Darío Espinal, en la vida política son relevantes los factores estructurales y económicos que condicionan determinada coyuntura.

“Hay decisiones de actores políticos que se reflejan en la parte constitucional”, aseguró y pasó revista a la Constitución del 1859, la Carta Magna liberal de Moca, los cambios constitucionales entre 1865 y 1899 hasta llegar al siglo XX que -afirmó- encontró al país en otro estado de inestabilidad política. También citó la Constitución de 1963 como un símbolo de la lucha patriótica.

En tanto que la participación de Vicens llamó la atención de los matriculados por su posición crítica sobre la necesidad de legitimar la participación ciudadana para garantizar el Estado social y democrático de derecho.

“A 8 años de aplicación de la Constitución del 2010, los nuevos derechos de la ciudadanía participativa no se están cumpliendo, por falta de una ley orgánica que permita la aplicación de Ley de Participación Ciudadana, lo que me parece inexcusable”, argumentó.

Propuso que la ley de referéndum y demás mecanismos de participación de la ciudadanía en la toma de decisiones del Estado se lleve a un debate amplio como el realizado en el conclave organizado por el TC, y felicitó a la institución por la iniciativa que persigue el respeto de la Constitución y el desafío de que la sociedad participe en un momento cuando, a su juicio, es importante “la serenidad y cumplimiento de las leyes”.

De su lado, el jurista Rodríguez afirmó que el “Latinobarómetro” o medición de la democracia en los países de la región, que en nuestro país empezó a medirse en 2004, sitúa a República Dominicana en el tercer lugar entre los que más han descendido.
Aseguró que las instancias de toma de decisión están fuera del Estado, pues según dijo, son los partidos políticos los que la ejercen con fuerza el poder.

“El divorcio entre la ciudadanía y la política es lo que ha llevado al debate el derecho constitucional comparado”, sostuvo.
En otro orden, se refirió al carácter vinculante del referéndum y el mecanismo de consulta y llamó la atención en torno a la Constitución del 2010 y lo que contempla el artículo 210, sobre si lo que requiere aprobación previa es el llamado a consulta o el resultado del referendo