La justicia dominicana, más que la de Santiago, enfrenta un gran reto con la sentencia que habrá de dictar, pasado mañana martes, el Primer Tribunal Colegiado de la provincia cibaeña contra el empresario Adriano Román y la banda de sicarios que atentó contra la vida del abogado y comunicador Jordi Veras el 2 de junio del año 2010.

Después de cuatro años de reenvíos por subterfugios y artimañas judiciales de los abogados defensores, se logró llegar a juicio de fondo y se pospuso para este martes 17 el fallo que confirmará la pobre percepción que tiene la población del sistema judicial o demostrará que no todo está perdido en nuestra sociedad.

Es precisamente por las implicaciones que se derivan de esta sentencia que se ha creado una gran expectativa en torno a la misma, porque de la venalidad o drasticidad de los jueces, dependerá el fortalecimiento o debilidad de la lucha contra el sicariato, una nueva modalidad del crimen organizado que asesina hasta por líos de faldas.

El Ministerio Público pidió 30 años de prisión contra el autor intelectual y patrocinador del atentado, e igual pena para seis de los acusados de integrar la banda de facinerosos. La víctima pide además, una indemnización millonaria por los daños físicos permanentes, y profesionales, sufridos a consecuencia del atentado.

Sería justo que además de la sentencia a prisión contra Adriano Román, se le condene a una fuerte sanción monetaria, de manera que se le despoje de parte de los cuantiosos recursos que ha utilizado, y que puede seguir utilizando desde la cárcel, para continuar dañando a la sociedad, dado su carácter de criminal patológico.