Brasilia.– El Tribunal Superior de Justicia (STJ) de Brasil negó hoy un pedido de la defensa del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, que pretendía suspender el interrogatorio a que será sometido en el marco de una causa penal por corrupción.

La decisión fue tomada por el magistrado Félix Fischer, del STJ, quien consideró “improcedente” la solicitud de la defensa, que había requerido un nuevo plazo, de 90 días, para examinar las acusaciones que pesan contra el exmandatario.

Con ese fallo, Lula responderá hoy mismo ante el juez federal Sergio Moro, responsable de la investigación sobre la red de corrupción que operó en la estatal Petrobras, conocida como “Lava Jato”, en una causa que se refiere a la supuesta “ocultación de la propiedad” de un apartamento en un balneario paulista.

El inmueble aparece en los registros como propiedad de la empresa OAS, una de las implicadas en el escándalo de Petrobras, pero según la acusación el verdadero dueño sería Lula, quien lo habría recibido a cambio de “favores” hechos desde el poder a esa constructora.

El STJ también negó otra solicitud de la defensa de Lula para ese interrogatorio, mediante la cual pretendía que se autorizara a unos equipos de prensa del expresidente a grabar en vídeo su declaración e incluso transmitirla en directo por sus redes sociales.

A pesar de estar a la espera de esas decisiones, el exmandatario se trasladó hoy hacia la ciudad de Curitiba, en el sur del país y sede del tribunal que dirige Moro, hacia donde también han viajado miles de sus simpatizantes y dirigentes y parlamentarios del Partido de los Trabajadores (PT).

Entre quienes se han desplazado a Curitiba para apoyar a Lula en la que será su primera declaración ante un juez en el marco de una causa por corrupción, está la expresidenta Dilma Rousseff, ahijada política del antiguo sindicalista y destituida el año pasado por manejos irregulares de los presupuestos.

Así como se han movilizado los partidarios de Lula, también lo han hecho sus detractores, lo que ha llevado a las autoridades de Curitiba a reforzar la seguridad con miles de policías, que tendrán la tarea de impedir enfrentamientos entre ambos bandos.

El proceso abierto por la propiedad del apartamento es uno de los cinco en que Lula responde por presunta corrupción ante la justicia, cuatro de los cuales se refieren a asuntos vinculados directamente a la trama descubierta en la estatal Petrobras.