Chile.- La nuera de la presidenta chilena Michelle Bachelet se libró el viernes de ir a la cárcel, pero tendrá reportarse cada mes ante una comisaría por las acusaciones de delitos tributarios, un duro golpe para la mandataria que admitió sentirse «profundamente» dolida por el caso.

Tras mantener silencio a lo largo del año sobre el caso que involucra a la esposa de su hijo Sebastián Dávalos, Bachelet admitió en una declaración televisada después de conocerse la decisión de la justicia que todo el proceso está siendo «muy doloroso» para ella y para su familia, aunque ello no le ha «nublado» sus «responsabilidades como presidenta».

Con la voz entrecortada y al borde de las lágrimas, dijo: «He querido hablar porque este es un caso que ha concentrado la atención de la gente, que espera que la justicia actúe sin dudas, con imparcialidad, en este y en otros casos».

Su nuera, Natalia Compagnon -que no podrá salir del país mientras dure la investigación- está acusada de evasión de impuestos en un caso que implica a 13 personas imputadas por tráfico de influencias, delitos fiscales y sobornos.

La decisión judicial encendió las críticas de la población y de políticos de la oposición que esperaban medidas cautelares más contundentes por este caso que afecta a una empresa de Compagnon y uno socio suyo, Mauricio Valero, por la compraventa de unos terrenos que les dejó pingües beneficios. Compagnon ha salido mejor librada que Valero, quien permanecerá en arresto domiciliario durante un año.

El ‘caso Caval’, destapado hace un año, ha suscitado una enorme emoción en un país que hasta hace poco era mostrado como ejemplo en la región de transparencia y escasa corrupción.

Indignación popular. A la salida del tribunal de Rancagua (80 km al sur de Santiago) Compagnon tuvo que ser escoltada por las fuerzas de seguridad hasta el auto para no ser agredida por un grupo de gente que le gritaba «ladrona».

Muchos consideran que la decisión de la justicia con ella no ha sido suficientemente contundente. Las redes sociales los mensajes críticos con lo que consideran un trato de favor con Compagnon se sucedían.

La decisión judicial tuvo inmediato eco en el gobierno, que mantuvo su discurso de destacar que la justicia funciona para todos los ciudadanos por igual. «Nosotros no tenemos nada que ver respecto a las decisiones que toma el Poder Judicial, son dos poderes autónomos e independientes del Estado, eso lo saben todos.

En consecuencia, no hay nada que nosotros como Gobierno podamos señalar a ese respecto», señaló el vocero del gobierno, Marcelo Díaz. El tren de vida del hijo de la presidenta, Sebastián Dávalos -quien hasta el estallido del caso trabajaba (sin salario) en el Palacio de La Moneda como responsable de la agenda social de su madre-, levantó las sospechas de la prensa.

En febrero del pasado año se destapó el caso de la compra-venta de 44 hectáreas efectuada por la empresa Caval, en una operación que reportó a los dos socios unos cinco millones de dólares de ganancias tras obtener un millonario préstamo del Banco de Chile.
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Daño irreparable. Este caso ha hundido la popularidad de Bachelet, que ronda apenas el 20%, y ha dinamitado la confianza de la población en ella, que llegó al poder por segunda vez hace casi dos años con la promesa de combatir la corrupción.

Para el periodista y analista político Thomas Mosciatti el daño principal «ya está hecho y el juicio no golpea mucho más de lo que ya golpeó a la presidenta».

El experto estimó que «la gente se forma una opinión por lo que siente» y ahora siente que Bachelet «no era tan impoluta» como creían, ya que le reprochan además de permitirle ventajas a Dávalos -incluyéndolo en el gobierno-, que siga sin clarificar el sistema de financiamiento político en Chile que registró serias irregularidades en los últimos años con políticos de derecha y de la coalición de izquierda implicados.

Con el telón de fondo de la ralentización de la economía, lastrada por la coyuntura internacional y la caída de los precios del cobre, principal exportación de Chile, la popularidad de Bachelet, que está en la mitad de su mandato, será medida en las urnas en octubre con ocasión de las elecciones municipales.