El fiscal del Distrito Nacional, José Hernández Peguero, ha puesto al descubierto uno de los abrevaderos institucionales en que la delincuencia y el crimen han estado saciando su sed de impunidad y protección: el propio Ministerio Público.

El hecho de que, como ha afirmado el recién nombrado magistrado, en la Fiscalía del Distrito Nacional se omitiera la notificación de providencia calificativa en por lo menos cinco mil expedientes, y se dejara en libertad a inculpados y compartes, tipifica un acto de complicidad en beneficio de unos diez mil acusados de actos criminales que abarcan asesinatos, violaciones, venta y tráfico de drogas, porte y tenencia ilegal de armas, falsificación y asociación de malhechores. Aún en el caso de que se consumara la omisión pero los reos continuaran en prisión, la omisión constituiría desacato a las normas procesales vigentes y denegación de justicia en doble vertiente, en perjuicio de los prevenidos y también de las partes agraviadas. Es decir, un perjuicio terrible para los intereses de la sociedad.

-II-

Esta situación se suma otras ocurrencias no menos graves. El usufructo de bienes que corresponden a la condición de cuerpos de delito, que deben estar celosamente resguardados hasta que las decisiones de los jueces determinen qué hacer con los mismos, es otra de las faltas atribuidas a la Fiscalía del Distrito Nacional.

El fiscal Hernández Peguero ha revelado la repartición de bienes que eran «cargados» a empleados y funcionarios de la Fiscalía como si se tratase de piezas de botín que habían cambiado de propietarios. En un solar de Hato Nuevo, decenas de vehículos incautados, que eran piezas de expedientes criminales, fueron desguazados en vez de conservados íntegros hasta el final de los procesos correspondientes. Evidentemente, es el propio fiscal quien acusa al Ministerio Público, al menos en la jurisdicción de que se trata, de haber desbordado gravemente sus facultades y contaminando la administración de justicia con prácticas que caen en los linderos del delito.

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Todos estos ingredientes se suman al sonado caso de los vehículos que habiendo sido robados a sus legítimos dueños y recuperados luego por las autoridades, pasaban a ser botín de oficiales de la Policía Nacional, que en algunos casos alteraron sus numeraciones de serie para matricularlos como conviniera a sus intereses. A propósito de este espinoso expediente, sale a relucir ahora que personal del Federal Bureau of Investigations (FBI) identificó vehículos robados en Estados Unidos y que eran usufructuados por gente de la Policía.

Se suman, también, a los abundantes casos de crímenes y delitos en que han estado involucrados policías que han denigrado el uniforme y tergiversaron el significado de la autoridad que les confería su condición.

El país ha estado sometido a un ambiente de inseguridad sin precedentes, en el que abundan y abruman las prácticas delictivas y criminosas, a cualquier hora del día y de la noche. Es penoso, pero real, que una sociedad que ama el orden y la justicia, a la hora de repartir cuotas de responsabilidad por el auge de la delincuencia tenga que apuntar el índice acusador hacia gente ataviada de autoridad que ha debido garantizar seguridad, pero que han actuado como cómplices, autores o socios protectores de criminales y delincuentes.