En República Dominicana se han presentado más de 250 casos de corrupción en el Estado en los últimos 25 años, con escándalos nacionales e internacionales y de los que menos de cinco expedientes han tenido condena en los tribunales, frustrando el interés de los sectores de la sociedad que aspiran a que la impunidad sea erradicada.
No aparece una sola institución dominicana exenta de corrupción en todo este tiempo y desde el Estado se incurre en corrupción con medicamentos falsificados, con compras sobrevaluadas, con la entrega de contratos sin licitación y con sobornos para gestionar pagos.

Los casos más recientes de corrupción fueron detectados en Bienes Nacionales, en la Liga Municipal Dominicana (LMD), en los ayuntamientos de San Francisco de Macorís y de El Seibo. En todos los casos, los acusados se libraron de ir a la cárcel.
También, en la Dirección Central Antinarcóticos de la Policía Nacional (Dican), donde la Procuraduría General de la República sometió a la justicia a su director, coronel Carlos Fernández Valerio, y a otro oficial junto a dos fiscales adjuntos, acusados de robar y vender 1,200 kilogramos de cocaína incautados durante un operativo en Santo Domingo Este. Están en juicio de fondo.

Casos denunciados y que no llegaron a los tribunales fueron el del Fondo Patrimonial de Empresas Reformadas (FONPER) y exdirectivos de Ege-Haina, contra quienes la Alianza Dominicana Contra la Corrupción, (ADOCCO) presentó querella en 2012, acusando de corrupción pública y privada y alegadamente disipar fondos en operaciones no autorizadas por un monto de RD$687,000,000), entre otros valores.

Sacudió al país en noviembre del 2011, la denuncia del embajador del Reino Unido en la República Dominicana, Steven Fisher, de casos de corrupción, sobornos e inseguridad jurídica en contra de inversiones de su país. No se conocieron sometimientos, pese a que Fisher dijo que una empresa británica se marchó de República Dominicana debido a «inconvenientes asociados a la corrupción».

El coordinador nacional de Participación Ciudadana, Cándido Mercedes, afirmó que el senador Félix Bautista, beneficiado con un no ha lugar en la SCJ, lo que cierra la persecución de corrupción y de enriquecimiento ilícito que le hace la Procuraduría General de la República en su propio gobierno, “está condenado para la historia”.

Pese a las decenas de denuncias de corrupción en todos los gobiernos, el expresidente Salvador Jorge Blanco fue el único mandatario que ha sido sometido a la justicia y respondió en el banquillo de los acusados en el Gobierno de Joaquín Balaguer, condenado posteriormente. Sin embargo, Balaguer luego admitió que se trató de un caso que se entendió como venganza política.

El expresidente Leonel Fernández, actual presidente del gobernante Partido de la Liberación Dominicana (PLD) fue también el primer exmandatario sometido a la justicia estando su partido en el poder, pero el expediente en su contra que presentó el exfiscal Guillermo Moreno fue archivado por la procuradora fiscal del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso, pese a haber abierto la investigación.
Al final, la propia Suprema Corte de Justicia (SCJ) anuló la acusación de Moreno contra Fernández.

Según un análisis de la corrupción sin castigo elaborado por el movimiento cívico no partidista Participación Ciudadana (PC), en el país se comete corrupción hasta con la basura, en los ayuntamientos, ministerios del Gobierno central y hasta en los propios tribunales, ya que se han presentado denuncias de juzgados de primera instancia donde sus autoridades judiciales habrían recibido soborno.

Bienes Nacionales. Era enero del 2013 cuando se conoció que la Procuraduría General presentó acusación en contra del exadministrador de Bienes Nacionales (BN) Elías Wessin Chávez, por presuntos actos de corrupción en el manejo de más de RD$157 millones junto a otros colaboradores de su gestión, con cargos de prevaricación, desfalco y asociación de malhechores. Fueron descargados en la instrucción y no se conoció apelación.

LMD. Amable Aristy Castro fue enjuiciado en julio del 2004 por la Fundación Cultural Caxibajagua, que le atribuyó vender y sobrevaluar en más de RD$18 millones equipos la Liga Municipal Dominicana, durante su gestión como secretario general, y negociar un terreno sin autorización del Congreso Nacional. El caso quedó en el tribunal de primera instancia. Aristy Castro es senador y presidente de un partido.

Este año, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) acusó al alcalde municipal de San Francisco de Macorís, Víctor Mejía Lebrón, y tres funcionarios del Ayuntamiento, de cometer irregularidades con 400 millones de pesos de los fondos del cabildo.

Luego de varias audiencias, la Cámara Penal de la Corte de Apelación de la provincia de Santo Domingo emitió un “no ha lugar a su favor”.

El Seibo. En el año 2013, el director del distrito municipal de Santa Lucía, de El Seibo, Jhossan Capell de Castro, también dirigente reformista, fue sometido al DPCA, con imputación de malversación y desfalco de más de RD$15 millones de la cuenta del cabildo. El expediente no trascendió.Falsificación de medicamentos. José del Carmen

Cruz pasó más de un año en prisión acusado por la Fiscalía del Distrito Nacional de falsificar medicamentos, negocio con el cual ha obtenido 15 empresas y el 51.5% de su fortuna, según el Ministerio Público. Se le castigaría con 10 años de prisión, pero la Fiscalía optó por dejarlo en libertad, a cambio de retenerle RD$100 millones.

Participación Ciudadana. El coordinador Mercedes citó un estudio realizado por el movimiento que establece que de 227 casos de corrupción en el país a la justicia llegaron seis y solo hubo sentencia para uno, el expediente de Jorge Blanco. “Eso es lo que se llama impunidad”.

El problema que ve es que los casos de corrupción o no llegan a la justicia y si llegan no son condenados aunque se presenten todas las pruebas del mundo.

Bahía de las Águilas. Se trata del mayor escándalo de corrupción con terrenos del Estado, perseguido desde 1997 y en el que se acusa de pretender apropiarse de miles de tareas protegida en el Suroeste del país al exdirector del Instituto Agrario Dominicano (IAD) Jaime Rodríguez Guzmán, a su esposa, Reina Margarita Martínez, y a su hermano Rafael Antonio Rodríguez Guzmán, así como a decenas de ocupantes ilegales. El predio se recuperó, pero nadie fue a prisión.

En el Gobierno del expresidente Hipólito Mejía, un grupo de sus funcionarios fue sometido por estafa millonaria en perjuicio del Estado (54.5 millones de dólares) por medio del Plan de Renovación de Vehículos (Plan Renove) durante el período 2000-04.

Se denunció entrega de apartamentos irregular en el Instituto Nacional de de la Vivienda (Invi), denominado “la madrinas”, con cobro millonario, y cupones ilegales del gas propano. En A gestión de Fernández Se sometieron decenas de personas por estafa al Estado con la distribución vehículos para el transporte público.

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Quiebra de banco

La mayoría de los bancos que han quebrado en el país, pese a ser privados, como Banco Intercontinental (Baninter), que colapsó en el 2003, por un fraude corporativo, y en Banco Peravia, acusado de un fraude de RD$419 millones, el Estado es el que paga las consecuencias, debido a que ha tenido que asumir las deudas en que incurren los ejecutivos de estas entidades financieras, con los impuestos que paga la ciudadanía.