HAMLET HERMANN  
Por el mismo tenor, otra noticia periodística informaba que el ex presidente de México, Luis Echeverría, podía ser enjuiciado por genocidio dado que no ha prescrito su implicación en el asesinato de un grupo de estudiantes en junio de 1971.

En Uruguay también se anunciaba que el antiguo gobernante José María Bordaberry estaría sometido a un tribunal por los crímenes cometidos durante su dictatorial mandato de la década de los años setenta.

En aquellos tiempos nada hicieron las autoridades para sancionar a los asesinos ni a los autores intelectuales de tantos crímenes hechos bajo el estandarte de la guerra fría y la lucha contra el comunismo. Era entonces cuando el KKK campeaba por sus fueros delictivos y la sociedad norteamericana consideraba que matar negros no era un delito. Asimismo, en el México del Partido Revolucionario Institucional (PRI), siendo Luis Echeverría Secretario de Gobernación, había sido aclamado como héroe luego de que ordenara la matanza de estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas en 1968. A partir de 1974, Bordaberry ordenaba perseguir a los revolucionarios uruguayos como si fueran animales salvajes hasta asesinarlos a sangre fría. El crimen impune nada tenía de novedoso en esos tiempos, como tampoco ahora.

De ahí que preguntemos: ¿Qué sentido tiene que Killen, Echeverría, o Bordaberry sean llevados a juicio? ¿Podrían éstos ser condenados en un tribunal de justicia cuando las pruebas a presentar en su contra han estado durante cuatro décadas bajo el cuidado de ellos mismos? ¿Qué transformación ha tenido lugar en el sistema político de esos países que pudiera permitir la condena de aquellos que cimentaron las bases sobre  las que están apoyados los gobiernos actuales? ¿Quién podría resarcir las vidas de aquellos miles de jóvenes que fueron víctimas de un genocidio coordinado en todo el continente por el “big brother”? ¿Reviviría ese postergado castigo a alguno de los miembros de esa juventud diezmada en el continente?

No sé exactamente por qué pero da la impresión de que lo que podría obtenerse de estos intentos de justicia demorada es reafirmar la impunidad histórica de esos siniestros personajes. Si ahora enfrentaran un jurado y por falta de pruebas, porque surja alguna duda razonable o porque se haya puesto en marcha un nuevo código procesal penal no son encontrados culpables, pasarían a la historia como inocentes, precisamente lo opuesto a lo que fueron. No haber aplicado la justicia en el momento en que ellos cometieron los hechos abrió aún más el camino de la violencia en el mundo, violencia que hoy se manifiesta con mayor intensidad

De la misma manera cabría preguntar: ¿Estaría dispuesta la justicia dominicana a  acusar a Lyndon B. Johnson de criminal por el genocidio premeditado y alevoso de millares de dominicanos que defendieron la soberanía nacional en 1965? Asimismo, ¿aceptarían los tribunales dominicanos la acusación de traidores a la patria contra Balaguer y todos los jefes militares que pidieron, justificaron y apoyaron la invasión militar de Estados Unidos? Lamentablemente el injusto sistema capitalista lo que busca es la impunidad para sus criminales porque sabe que por la edad que ahora tienen o por la desaparición de las pruebas tendrían que ser declarados inocentes. Y eso permitiría que no pasaran un solo día en la cárcel a pesar de que provocaron que la sangre ajena corriera a raudales. Sólo hay que echarle una ojeada a la impunidad prevaleciente en el caso de Pinochet, uno de los más grandes criminales de la historia latinoamericana, para imaginarse qué podría pasar con cualquiera de los antes mencionados.

El delito de Estado está protegido porque, por ejemplo, en nuestro país no hemos ajustado cuentas con los criminales de la tiranía de Trujillo, ni con la continuación del trujillismo durante los doce años de Balaguer. Y no habrá sanción porque los gobiernos que los sucedieron están fundados sobre las bases que forjaron aquellos. De ahí que no podemos hacernos ilusiones y tendremos que aceptar definitivamente que la impunidad seguirá reinando “per secula seculorum”. ¿Qué otra cosa se le puede pedir a un mundo injusto como no sea injusticia? La justicia puesta en marcha a los 40 años de cometidos los delitos no es justicia, sino justificación de la impunidad.