Justicia distributiva

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La reforma fiscal ha sido planteada como un paso inevitable, al que el país deberá someterse para superar algunas dificultades de la economía. La naturaleza de esa reforma, que el Gobierno prefiere denominar “reajuste”, es todavía desconocida para la mayoría del país, aunque se intuye que habrá un aumento de la presión fiscal.

 

En un comunicado divulgado este miércoles, el sector empresarial expone su oposición a nuevos impuestos, partiendo de que las reformas anteriores basadas en gravámenes no han mejorado determinados servicios. Propone recorte de gastos, focalización de los subsidios del gas y la electricidad, entre otras medidas.

 

Aunque será el martes cuando, según se ha anunciado, el Presidente Leonel Fernández dará a conocer el contenido de la reforma, la percepción generalizada es que habrá más presión fiscal con efectos adversos en el poder adquisitivo de la población.

 

-II-

 

Parece llegado el momento de modificar la línea de conducta oficial en materia fiscal, pues las reformas anteriores han transferido excesivamente la presión hacia los sectores más pobres.

 

La tendencia debería ser gravar las ganancias y determinados niveles de consumo, sin afectar o afectando lo menos posible la canasta familiar.

 

El ahorro y la focalización de los subsidios deberían estar en las primeras líneas de la definición de la reforma, pues no puede seguir ocurriendo que esta especie de indexación social que debería beneficiar a los hogares más pobres esté yendo a parar a otros bolsillos.

 

En la actualidad, la República Dominicana se aproxima a la vigencia de una relación de intercambio que exigirá mucha eficiencia para poder competir en los mercados internacionales. Medidas que puedan asociarse a problemas como el de la energía eléctrica, restándole competitividad al país, agravarían los problemas en vez de solucionarlos.

 

-III-

 

Diversos sectores y personalidades del país han expuesto argumentos, algunos de ellos incontrovertibles, para justificar su oposición a una reforma basada en más impuestos o en el aumento de las bases imponibles vigentes, como sería la generalización del Itebis y el aumento del Impuesto sobre la Renta.

 

Aunque es difícil concebir que las metas del Gobierno puedan ser logradas en base al ahorro únicamente, éste debe representar una parte vital de la reforma.

 

Siempre se ha dicho que la presión tributaria en nuestro país está por debajo de la de otros países con economías similares. Esa es una verdad a medias, pues la otra mitad es que nuestro poder adquisitivo es también uno de los más deprimidos entre los países del hemisferio con potencial económico similar al nuestro.

 

También es cierto que es extremada e injustamente muy pobre la tasa de transferencia del crecimiento económico hacia el crecimiento humano. La población no percibe en su calidad de vida las bonanzas de la economía, ni siquiera cuando el crecimiento alcanza, como ahora, los dos dígitos. Todas estas flaquezas obligan a concebir una reforma más equitativa y justa, que ciertamente elimine vicios y distorsiones y se base en criterios de justicia distributiva.