Justicia dominicana decide en enero condena de francesa juzgada por droga

Justicia dominicana decide en enero condena de francesa juzgada por droga

SANTO DOMINGO, (AFP).-  Un tribunal dominicano fijó para el 29 de enero de 2013 la audiencia de fijación de pena para la francesa Liana Guillon, que la semana pasada fue declarada culpable de tráfico de drogas y que puede pagar desde cinco hasta 20 años de prisión.

«Nosotros pedimos un informe sociofamiliar de la imputada, tuvimos que mandar a traducirlo al español y el tribunal solo notificó al procurador (fiscal) el informe en francés.

Por eso se reenvió (reprogramó) para el 29 de enero», informó por teléfono a la AFP la abogada defensora María Elena Gratereaux. La postergación por parte del Tribunal Colegiado de Primera Instancia de Puerto Plata, que conoció el caso este martes, fue confirmada a la AFP por la fiscal de esa provincia, Alba Núñez.

La defensa busca que la mujer, acusada de tratar de traficar 11 kilos de cocaína, pague la pena mínima de 5 años. «Solicitamos un informe que se nos hizo en Francia sobre cómo estaban los niños, cómo les está afectando y estableciendo que es la primera vez que ella es sometida a la justicia», agregó Gratereaux.

Liana Gillon fue detenida el 29 de abril en el aeropuerto de Puerto Plata (noroeste), cuando intentaba viajar de regreso a Francia luego de una luna de miel con su esposo y con la niña de ambos, de un año de nacida.

Las autoridades acusaron de narcotráfico a la pareja, tras encontrar 11 kilos de cocaína en el equipaje de mano de la mujer, pero el 8 de octubre Christophe Guillon, el marido, quedó en libertad por falta de pruebas de que tuviera conocimiento y participación en el trasiego.

La Justicia encontró a la mujer culpable la semana pasada, aunque sus abogados y la familia aseguran que los verdaderos traficantes pudieron introducir la droga en su maleta, en algún descuido de ella.

Guillon, empleada de la seguridad social en Francia, tiene cinco hijos y sólo la más pequeña es de su reciente esposo, por lo que la defensa alega que una reclusión de más de cinco años podría resultar también una condena para sus descendientes y pide que la pena sea cumplida en su país de origen.

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