Para poder abordar el tema sobre la impunidad debemos referirnos, aunque someramente a: la justicia. En nuestra entrega anterior nos referimos a este tema, no sin antes reconocer que la aplicación de las leyes en nuestro país, es un caos, desde la Suprema Corte de Justicia (SCJ) hasta los Juzgados de Paz en donde una simple llamada puede determinar el fallo favorable a un imputado y ejemplos sobran.

Cuando un Procurador General de la República expresa: “Que él no apeló la sentencia de no ha lugar dictada a favor de Félix Bautista, porque él no cree en la justicia” se puede deducir lo manga por hombro con que se maneja, el tercer poder del Estado.

En la República Dominicana, más de 6,000 encarcelados no se les ha llevado a juicio y, por lo tanto, a la mayoría de ellos le han dictado medidas de coerción. ¿Habrá alguien que ha cuantificado cuánto le cuesta económicamente al Estado esta dejadez de los jueces? Este tema de la agilización de los procesos debería ser analizado, sea por la SCJ o por el Tribunal Constitucional. No es posible que un juicio tan evidente de sicariato como el acontecido al doctor Jordi Veras, hijo del destacado abogado Ramón Antonio Veras (Negro), el mismo haya durado más de tres años y reenviado 66 veces. ¡Qué dispendio, 66 notificaciones por alguacil y la misma cantidad de audiencias!

Según el juez Iván Velásquez, de Medellín, Colombia: “la impunidad es el mayor cáncer de América Latina”. En ese país, según él: “se destapó el nido de víboras de la parapolítica, al alcanzar el corazón del Uribismo, llevando a la cárcel una veintena de políticos y empresarios”. ¡Qué falta hace aquí un juez de esa integridad y responsabilidad!

Por su trayectoria, el Juez Velásquez ha sido designado al frente de la Comisión Internacional contra la impunidad en Guatemala (CICIG) la cual ha puesto entre rejas al presidente Otto Pérez Molina y a su vicepresidenta. Esta CICJG al ser una oficina de la ONU, coordina con la fiscalía local y derribar los más altos poderes, lo cual hace pensar que contra la corrupción hay esperanza. Por eso, en Guatemala es un héroe. Lástima que no se anime a venir aquí para meter en la cárcel a tantos prevaricadores y corruptos que se encuentran en libertad sin que devuelvan lo que se han robado, por la debilidad de nuestras cortes y el miedo de nuestros jueces, que le temen al sicariato, como el diablo a la cruz.

El problema plantado por el juez Velásquez según él, solo puede darse si un gobierno lo pide a la ONU, el Congreso ratifica el acuerdo y la Corte Constitucional valida su legalidad. Agregando, si esto ocurre en Honduras, El Salvador, México o Colombia, entonces no veo ningún obstáculo para que no se pueda extender a otros países de América Latina.

En un cuestionario que se le hizo respondió: “La impunidad es el cáncer mayor. Si la justicia no actúa, la corrupción desvía los recursos públicos e impide que se atiendan las necesidades básicas de la población. La lucha contra la impunidad es la lucha por construir un Estado de derecho”. Asimismo agregó: “La corrupción no es un fenómeno coyuntural sino estructural”.

El Gobierno Dominicano debería animarse e invitar a este juez colombiano para que analice los casos de corrupción, prevaricación y falta de transparencia entre los funcionarios públicos y ciertos empresarios, que como en Brasil, han sido los principales responsables del escándalo de PETROBRAS, en donde inclusive ha sido puesto en tela de juicio la actuación de la presidente Dilma Rouseff, la cual, hasta que no se desembrolle esta situación, está en el filo de la navaja.

Como podemos deducir, nuestras cortes están faltas de jueces probos e incorruptibles, salvo algunas muy pocas excepciones. El Consejo del Poder Judicial, debería ser emplazado por los ciudadanos comunes y la sociedad civil para que se empodere y haga una depuración profunda para que los dominicanos podamos tener de nuevo fe en la justicia.