Sin pensarlo y sin proponérmelo, he venido participando solo como observador durante un año en un delicado proceso judicial en la ciudad de Bonao.

Se trata de una acusación de supuesta agresión sexual a una niña por parte de su propio padre.

En un caso como este, lo más que se anhela es dar con la verdad y que la justicia actúe.

Todo apunta a que habrá una condena.

Pero será una llena de dudas.

Se trata de un ciudadano americano radicado en el país y en una ciudad donde ha invertido más de catorce millones de pesos.

Contrajo un matrimonio que apenas sobrevivió los dos años.

Como una sentencia estableció que los bienes eran intocables por ser patrimonio existente antes de la unión, la dama apeló a otro tribunal.

Pero mientras se esperaba la decisión, ella procedió a someter al ex esposo por supuestos daños sexuales a la hija de ambos.

El legista certificó que la menor de dos años estaba intacta.

Desde entonces se recurrió a las evaluaciones de psicólogos locales.

Tras seis meses en prisión, se otorgó libertad condicional con la orden de vivir fuera de Bonao, presentación periódica y la garantía del título de una propiedad millonaria donde la acusadora ha establecido su morada.

Definitivamente que un caso como este genera mucha confusión.

Todo ha girado en el entorno de un pueblo de vecinos cercanos y donde este tipo de acusación históricamente se ha hecho muy popular.

Es la segunda vez que por el mismo concepto esta dama manda a un hombre a la prisión.

Mi amigo me confiesa arrepentirse de haber venido a este país con un patrimonio que significó años de trabajo y sacrificio para estar a punto de pasar su vejez tras unos horribles barrotes.