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MADRID, (AFP) – La justicia española, que la semana pasada condenó al juez Baltasar Garzón a 11 años de inhabilitación por haber ordenado escuchas ilegales durante una investigación, archivó hoy otro caso contra el magistrado, éste por presunta corrupción.
El juez, mundialmente conocido por la detención del ex dictador chileno Augusto Pinochet en 1998 en Londres, había sido acusado de corrupción tras desestimar una querella contra un banco español que, junto a otras empresas, había financiado unos cursos que éste impartió en Nueva York. Pese a considerar que existían indicios de delito, el juez instructor del Tribunal Supremo Manuel Marchena decidió archivar el caso por «prescripción de los hechos imputados».
Cinco grandes empresas españolas -BSCH (actual Banco Santander), BBVA, Telefónica, Cepsa y Endesa- patrocinaron una serie de conferencias que el magistrado español impartió en 2005 y 2006 en la Universidad de Nueva York. «El querellado contactó con responsables de distintas empresas españolas reclamando ayuda económica para la celebración de sus cursos», subrayó el instructor, precisando que la suma ascendió a casi 1,24 millones de dólares.
Cuatro de estas empresas «tenían en común haber sido objeto de investigación por hechos imputados a sus directivos» en la Audiencia Nacional, principal instancia penal española en la que Garzón era juez, agregó. No obstante, el juez dio la razón a la defensa y a la fiscalía, quienes defendían la prescripción de los hechos dado que el último patrocinio fue cobrado en mayo de 2006 y la querella presentada en junio de 2009, es decir más de tres años después.
La acusación pedía cinco años de prisión y 30 de inhabilitación, para Garzón, de 56 años, que el pasado jueves ya había sido expulsado de la carrera judicial. El Tribunal Supremo lo condenó a 11 años de inhabilitación por estimar que vulneró el derecho a la defensa al ordenar la grabación de conversaciones en prisión entre abogados defensores y sus clientes, presuntos cabecillas de una red corrupta que en 2009 salpicó a altos cargos del Partido Popular, que ahora gobierna España.
Ayer, cientos de manifestantes volvieron a congregarse frente al Tribunal Supremo, en Madrid, para denunciar lo que consideran una «persecución». «Es el único juez que se ha atrevido a abrir procesos sobre temas que eran políticamente incorrectos», fustigaba Manuel Melero, de 47 años, mientras a su alrededor los manifestantes enarbolaban pancartas en las que se leía «¡Qué vergüenza!».
Se encuentra en Colombia
El juez Garzón, a quien la semana pasada el Tribunal Supremo de su país inhabilitó por 11 años, se encuentra en Colombia, donde durante el último año ha trabajado como asesor de la misión de paz de la OEA, informó un portavoz de ese organismo. «El juezGarzón ya está en Colombia. En este momento sostiene reuniones» con los delegados de la misión de apoyo de la OEA al proceso de paz en Colombia, dijo el portavoz a la AFP.
