MIGUEL AQUINO GARCIA
A nadie le debe caber ninguna duda de la verdad de las declaraciones públicas hechas por la directora local de la Agencia para el Desarrollo Internacional Elena Brineman, en el sentido de que el sistema judicial dominicano no está preparado para procesar con eficacia los casos de corrupción, narcotráfico y lavado de dinero, por lo que el gobierno de Estados Unidos ha pedido la extradición del ex-capitán Quirino Paulino Castillo para enfrentar juicio por varios cargos presentados en su contra en una corte de ese país, en relación a los mismos alegados cargos de narcotraficante denunciados por las autoridades dominicanas.

Con sus declaraciones, la funcionaria estadounidense no ha tratado de volver a descubrir la pólvora, sino que ha expuesto una realidad innegable que hay que reconocer si de verdad hay interés en hacer prevalecer la majestad de la justicia. Mientras reconoce los esfuerzos del gobierno dominicano en enfrentar la criminalidad globalizada, y se siente esperanzada por las más recientes actuaciones de las autoridades en combatir la misma, la señora Brineman manifiesta que en este país y en Centroamérica en sentido general, se carece de los recursos y conocimientos necesarios para perseguir este mal, ni la justicia posee la necesaria solidez institucional para enfrentar con efectividad el crimen y la corrupción organizada. Para estar de acuerdo con la funcionaria, solo basta mirar por ejemplo los descomunales actos de corrupción de nuestro país de los últimos 10 años, hechos públicos con nombres y apellidos por una prensa libre y responsable, y que han envuelto desfalcos multimillonarios en contra del Estado y de contribuyentes, y la imposibilidad del país para llevar a cabo una justicia transparente y sostenida en todos esos casos, debido a la influencia «en altas instancias», al poder económico y al renombre de los alegados implicados. Hasta el día de hoy, lo que sigue prevaleciendo es la cultura del robo. Por otra parte, en los Estados Unidos sí existe ese nivel de institucionalidad e independencia de la justicia, que permite la correcta persecución del crimen a todos los niveles, oficial y privado. Allí, el poder político le teme a la justicia como el diablo a la cruz, porque aunque esta no puede impedir la comisión de crímenes, si puede de manera resuelta y sin ataduras de ningún tipo aplicar la majestad de la ley a los criminales. Mientras más altos están, más les duele la caída. En contraste, en nuestro país el poder político y los rangos castrenses que se derivan del mismo, constituyen una especie de vacuna protectora contra «el virus» de la justicia. En nuestro artículo «De yipetas y coconetes» publicado en este diario el 5 de Julio del año pasado, dábamos cuenta del caso del popular ex-gobernador del Estado de Connecticut John Rowland, quien  se encontraba en su tercer mandato, al momento de verse obligado a renunciar a su puesto bajo amenaza del Congreso de expulsarlo del mismo, por habérsele encontrado culpable en vistas públicas investigativas, de haber nombrado a un juez en la Suprema Corte de Justicia luego de haber  aceptado un regalo en forma de «préstamo» de tres mil doscientos dólares de la esposa del mismo. Otro delito del ex-gobernador había sido otorgar un contrato de construcción del Estado a un individuo que previamente le había hecho mejoras «gratis» a una cabaña de vacaciones de su propiedad. Así mismo el ex-gobernador había otorgado un cargo público a otro individuo que previamente le había regalado una bañera valorada en 3,500 pesos para la misma cabaña. Además de verse obligado a renunciar, John Rowland, cuyo nombre sus allegados habían llegado a barajar para una posible futura aspiración presidencial antes de caer en desgracia, enfrentó cargos hechos por el gobierno federal y hace apenas unos días aceptó declararse culpable para obtener una sentencia «reducida» a 20 meses de prisión por sus delitos, que ya empezó a pulgar. Si tomamos en cuenta que las acciones del ex-gobernador equivalen a «robarse una chiva» comparado con los desfalcos multimillonarios que con toda impunidad se dan en nuestro país, a nadie le debe caber duda de que a la corrupción criolla hay que aplicarle la justicia gringa, la que está pidiendo Elena Brineman y su gobierno de Estados Unidos.