El sistema de justicia ha sido deficiente con el tema de la corrupción pública” planteó ayer Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS).  Al encabezar una  mesa redonda sobre Transparencia y Gobernabilidad, donde se abordó el tema “Proyecto de modificación al Código Procesal Penal”, afirmó que aún no ha habido un funcionario público condenado por actos de corrupción, pero sí condenas a los empresarios privados por contrabando.

Apuntó que será el nuevo Código Procesal Penal una herramienta legal que permitirá juzgar con mayor eficacia  políticas criminales del Estado,  entre ellas  la corrupción. En ese orden, el magistrado Pedro Balbuena, presidente de la Corte de Apelación de Puerto Plata, dijo que con las reformas al Código Procesal Penal se castigarán las faltas en las que incurran los funcionarios públicos como lo tipifica el proyecto de ley  de reforma al Código Procesal Penal en los artículos 263 al 266.

Castigos a funcionarios. Con penas que van de cuatro  a diez años de prisión se condenará a los funcionarios públicos que incurran en tráfico de influencia, la recepción ilegal de beneficios y la concusión. Balbuena señaló que se castigará con igual pena a quienes atenten contra la libertad de acceso en condiciones de igualdad a los recursos y concesiones públicas, lo cual creará las condiciones para que la concesión de obras por parte del Estado sea garantizada.