Hoy 
POR DIEGO PESQUEIRA
El presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Subero Isa, afirmó ayer que el Poder Judicial dominicano ofrece las garantías jurídicas necesarias para proteger las inversiones extranjeras y nacionales. El Poder Judicial, con la Suprema Corte de Justicia a la cabeza, ofrece la seguridad jurídica que el Poder Judicial puede ofrecer, precisó.
De esta manera, Subero Isa, salió al frente a declaraciones de la embajadora de España, Almudena Mazarraza, quien denunció que la falta de garantías obligan a los empresarios ibéricos a abandonar el país.
No obstante, Subero Isa, dejó abierta la posibilidad de dar una respuesta más amplia en torno al caso en la manera que la diplomática suministre las pruebas de su denuncia al canciller Carlos Morales Troncoso.
Prefiero esperar el resultado de la conversación entre el canciller y la honorable embajadora de España, precisó Subero Isa, quien se mantuvo sin ofrecer declaraciones a los medios de comunicación.
HOY SE REFERIRÁ AL CÓDIGO
De otro lado, Subero Isa, prometió referirse hoy al tema del Código Procesal Penal, cuya implementación ha sido cuestionada por distintos sectores.
El presidente del alto tribunal hablará sobre el tema durante la juramentación de nuevos jueces en la Sala Augusta del Pleno de la Suprema.
Subero Isa habló en conferencia de prensa ofrecida para anunciar la celebración al país de la Décimo Tercera Cumbre Judicial Iberoamericana, cónclave a efectuarse entre el 21 y el 22 de junio próximo en el país, con la representación de 21 Estados, entre ellos España y Portugal.
Manifestó que el plan es transparentar el manejo de los fondos públicos, porque hay que rendir cuenta de los actos que realizan los servidores públicos, tras recordar que los jueces tienen esa condición, de modo que se deben a la sociedad, viven en la sociedad y su razón de ser es la sociedad.
Mazarraza dijo la semana pasada que la corrupción, la inseguridad jurídica y el incumplimiento de los contratos por parte del Estado ahuyentan a los inversionistas españoles, denuncia objetada por el canciller Morales Troncoso.
