Finalmente, luego de casi 17 años, la desaparición de Narciso González está siendo conocida por un tribunal. Lamentablemente, y en un hecho que demuestra el fracaso del sistema de justicia dominicano para actuar en casos de crímenes de Estado, no es un tribunal constitucional sino la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Las audiencias, celebradas la semana pasada, pasaron sin pena ni gloria en el país. Los medios no se hicieron mucho eco de las audiencias, aunque estas fueron transmitidas por vía del portal en la Red de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Como en el caso de las niñas Jean y Bosico, se pone en tela de juicio el compromiso del Estado dominicano con los derechos humanos que ha reconocido al ratificar la Convención Americana de Derechos Humanos. No se trata de si los dominicanos somos malos o buenos, sino de verificar si el Estado está cumpliendo con sus responsabilidades. Responsabilidades que, no debería ser necesario aclarar, asumió de manera libre y soberana. Por eso no puede, como han pretendido algunos, utilizar el concepto de soberanía para eludir el juicio. El artículo 26 constitucional lo ata a esos compromisos, de los que sólo puede desembarazarse mediante la denuncia del tratado.

La ventilación del caso es una excelente oportunidad para que los dominicanos desterremos de nuestro discurso y práctica la odiosa idea de que “los trapos sucios se lavan en casa”. Esto es falso, la violación de los derechos humanos por parte de un Estado es una de las expresiones más groseras del abuso de poder. Es absolutamente inaceptable tanto por la naturaleza de lo vulnerado como por la indefensión de la persona ante el poder público. Sobre todo cuando se vulneran compromisos internacionales. Si República Dominicana quiere formar parte del concierto de naciones civilizadas, entonces tiene que someterse a los estándares mínimos de trato a sus ciudadanos que asumió cuando ratificó las convenciones internacionales de derechos humanos. De no hacerlo, esta falta le puede ser reclamada en el mismo contexto en el que asumió esa responsabilidad. En conclusión, ni son sólo trapos sucios, ni se lavan en casa.

El Estado existe para proteger a las personas, no para dañarlas o asesinarlas y desaparecerlas, como en el caso que nos ocupa. Y menos aún puede agravar su proceder encubriendo durante casi dos décadas las circunstancias que llevaron al crimen del que fue objeto Narcisazo. Parafraseando a Martin Luther King, una injusticia cometida contra cualquier dominicano es una injusticia cometida contra todos los dominicanos. Cuando agentes estatales desaparecen una persona y el Estado se resiste a castigar a los culpables entonces se hace inevitable el juicio al Estado y deseable su condena.

No podemos permitir que se use el patriotismo para evitar las críticas a la responsabilidad del Estado dominicano en este crimen y la impunidad que le arropa. La patria somos todos, y no los criminales responsables de la muerte de Narcisazo. Lo patriótico no es pedir impunidad, es exigir justicia. Y punto.