Aunque las causas puedan ser explicadas y entendidas, que no necesariamente justificadas, la justicia hecha por manos propias tiene graves implicaciones sociales que no pueden ser pasadas por alto.

En nuestro país, ese método extrajudicial de sancionar el delito se está convirtiendo en una práctica recurrente, y lo escandaloso es que no deja secuelas ni consecuencias de orden público registradas en expedientes que puedan ser sometidos al escrutinio de los tribunales.

El más reciente acto de «justicia» o ajusticiamiento con sentencia de muerte tuvo lugar el jueves pasado en Los Tres Brazos, donde dos jóvenes, presuntos o reales ladrones, fueron linchados por una multitud. Murieron por contusiones y heridas de bala provocadas con varias armas esgrimidas por sus jueces-verdugos de oficio.

El de Los Tres Brazos no es el único linchamiento ejecutado sin dejar más secuelas que las muertes de los «ajusticiados» por turbas que no conocen de presunción de inocencia, ni de escalas de valoración del peso de la sanción en función de la gravedad del delito.

-II-

Un argumento que podría hacer comprensible la indignación de la gente es el descarado desafío de la delincuencia, el grado de resquebrajamiento que la misma ha causado en la seguridad ciudadana y, para empeorar las cosas, la facilidad con que obtienen la libertad los antisociales de todas las gradaciones que van a parar a la  Justicia. Pero hasta ahí la comprensión.

Cuando uno o varios delincuentes son detectados en una de sus acciones, la gente se lanza sobre ellos y pobre de los que caigan en manos de grupos indignados.

Entonces se produce la expresión más salvaje del desquite, pues una gente sometida a la obediencia debería ser entregada a las autoridades correspondientes, y no «juzgada» y ejecutada con el salvajismo que se ha exhibido en cada caso de estos, y con el riesgo de consumar la «sentencia» en personas inocentes.

-III-

Aún como conducta colectiva, de grupo, el linchamiento conduce a un crimen premeditado que se pasea por los linderos mismos del asesinato.

Alguien del grupo proclama que hay que matar al «acusado» y se produce la vía de hecho, pero desde antes de la proclama cada integrante del grupo de acoso lleva una sentencia en las manos para ejecutarla en el o los perseguidos.

La pregunta crucial es qué pasa después de este tipo de ejecución sumaria. Y la respuesta, lamentablemente, es: nada.

Hasta estos momentos no hemos tenido conocimiento de que la autoridad competente, en este caso el Ministerio Público, haya instrumentado expediente alguno sobre casos de linchamiento y que haya habido sentencia de juez estableciendo responsabilidades.

Hay una actitud de las autoridades que parece indicar que una vez consumado el linchamiento, los que resultaren «ajusticiados» son verdaderamente culpables de los delitos que les fueron imputados por sus acusadores-jueces-verdugos y que, por tanto, el caso tiene la condición de lo definitivamente juzgado.

Estamos ante una modalidad de justicia verdaderamente peligrosa.