El Poder Judicial tiene asignado para este año un presupuesto tan bajo que se verá obligado a aplazar pasos que son  esenciales para dar respuesta al deterioro que ha sufrido la seguridad pública debido al auge de la delincuencia y el crimen organizado. El lunes, Día del Poder Judicial, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, doctor Mariano Germán Mejía, afirmó con pena que ese poder del Estado tiene cara de pobre, aludiendo a que su presupuesto lo deja atado de manos.

Recordamos que el 11 de diciembre pasado, en un encuentro con periodistas a propósito de la cercanía de la Navidad, el presidente de la Suprema advirtió que cien tribunales constituidos como parte de las reformas judiciales, no podrán entrar en servicio este año debido a las fuertes limitaciones financieras. El aplazamiento de la apertura de esos tribunales es un serio revés para una administración de justicia que necesita crecer y afianzarse.

La limitación financiera a que se ha sometido a la Justicia la convierte en una cenicienta. Esto se suma al desempeño que ha tenido el aparato judicial, que muchos cuestionan basándose en la facilidad conque obtienen la libertad  delincuentes sometidos ante los tribunales con muchas evidencias en su contra. Es lo peor que puede pasar en momentos en que el país necesita una justicia suficiente y eficiente.

Multas: evasión escandalosa

A juzgar por la ínfima proporción de multas pagadas, los infractores de la ley de tránsito tienen en este país carta de impunidad. La Autoridad Metropolitana del Transporte (AMET) afirma que solo el 3% de los infractores multados pagan por esas infracciones y que los tribunales de tránsito han registrado  personas que han llegado a acumular hasta 400 multas sin pagar ninguna de ellas.

Esta impunidad estimula el desorden en el tránsito, pues pocos guardan respeto por la aplicación de una ley que no acarrea consecuencias para ellos. Hay que procurar los medios para que la gente multada sienta las consecuencias de la violación que haya cometido y pague los costos de las multas. Hay que atribuir carácter criminal a aquellas faltas graves, que ponen en peligro vidas humanas, como la violación de la luz roja del semáforo y el manejo temerario.