En República Dominicana hay una situación con la justicia y esto de la violencia de géneros y la niñez que cualquier persona puede rápidamente terminar en una de las nauseabundas cárceles sin darse cuenta.

Aquí sólo basta con que una persona, especialmente del sexo femenino, hable con un fiscal y presente una querella o acusación de maltrato, violencia, violación, acoso o algo parecido.

Es cierto que se debe proteger la integridad de los seres humanos, pero esto se ha convertido en un instrumento de hacer mucho daños por puro capricho, maldad o por algún otro interés soterrado.

Está bien que exista la posibilidad fácil de presentar acusación, pero, al mismo tiempo, las autoridades judiciales deben tener los mecanismos bien afinados para determinar si lo que se quiere es destruir moral y económicamente a alguien.

Ahora mismo cualquier persona se presenta ante un fiscal y dice algo contra un ciudadano y los jueces sin pensarlo dos veces dan orden de encierro sin miramiento alguno.

Se ha visto que hay mujeres que con esto han montado una especie de negocio muy lucrativo del que se aprovechan abogados, fiscales y hasta los mismos jueces.

Se de un caso de un señor que se casó con una dama y esta, después de tres años de matrimonio, decidió separarse.

El asunto no se quedó ahí, sino que mientras se dilucidaba en apelación lo de los bienes millonarios, ella lo sometió por abuso a su propia hija.

El hombre fue a parar a la cárcel, y esto dio tiempo a que la apelación fuera a favor de ella sin que él pudiera hacer nada por estar tras los barrotes.

El país se está llenando de muchas historias y casos idénticos por dondequiera.

Sobre esto hay que legislar rápido.