Hoy 
El ingrediente político parece inseparable de los procesos judiciales originados por la puesta en entredicho de la conducta de pasadas autoridades.No ha habido manera de deslindar campos entre las materias judicial y política, a pesar de que las inferencias de esta última en la primera necesariamente desnaturalizan cualquier propósito de salvaguardar los intereses del propio Estado.
Una vez que cesan en sus funciones, los que tuvieron autoridad y resultan inculpados o sospechosos de haber manejado de forma inadecuada los intereses del país puestos bajo su custodia siempre encuentran medios para alegar y hacer que otros perciban actos de retaliación o persecución o intolerancia política, aunque no sea el caso. Desde luego, nadie pretende sepultar en el olvido que ocasiones ha habido, muchas por cierto, en que el aparato de la Justicia ha sido puesto al servicio del acoso político, y el mandato de doce años agotado por Joaquín Balaguer desde 1966 así lo confirma.
Durante nuestro ejercicio democrático esa ha sido una constante que nos hemos empeñado en mantener vigente, a pesar de lo dañina que ha sido.
II
Hay que estar claros en que un país que soportó treintiún años de oprobio e intolerancia política, durante los cuales los aparatos represivos del Estado fueron empleados para acosar a adversarios o desafectos políticos, que ve truncado su primer ensayo democrático a los siete meses de iniciado, que cae en regímenes de facto, luego atraviesa una guerra civil y cae luego en un régimen que ejerció la intolerancia, no puede desprenderle a la labor judicial la rémora política que ha tenido adherida por tanto tiempo.
Esa es una realidad que ha logrado sobrevivir, inclusive, los innegables esfuerzos de varios gobiernos por liberar de máculas el papel de la Justicia, su esencia como instrumento de resguardo social, de equilibrio, de moderación de las conductas individuales y grupales.
-III-
Estos manejos mediante los cuales se mezcla lo judicial y lo político, particularmente cuando se cuestiona la pulcritud o falta de ésta en el manejo de los asuntos de Estado, ha tenido como pie de amigo el hecho de que en todo el tiempo que llevamos ejerciendo la democracia se han podido contar con los dedos de una mano quienes hayan sido condenados, no como fruto de cacerías políticas por medio del aparato judicial, sino como resultado de no haber podido escapar a seriedad y frialdad de evidencias incontrovertibles.
Por eso, lo que más conviene a todos, a los perseguidores y perseguidos de ocasión y a toda la sociedad, es que se haga una consistente y firme frontera entre lo político y lo judicial, de manera que sean las evidencias o la falta de éstas, como manda la ley, las que determinen culpabilidades e inocencias.
No conviene a los intereses nacionales que haya, a estas alturas de la civilización, medios y vías para hacer que coincidan en el mismo escenario moral lo judicial y lo político. Mientras persista esta coincidencia, aunque sea puramente argumental, las conclusiones de la Justicia acerca de las conductas de exfuncionarios seguirán siendo vistas con reserva y suspicacia.
