La Fundación Justicia y Transparencia (FJT), anuncio hoy su total respaldo a la propuesta del precandidato presidencial del Partido Revolucionario Dominicano, Luis Abinader, para que se cree una comisión especial designada por organismos competentes del Estado, con pleno respaldo de la sociedad civil y ciudadanos independientes, que se encargue de evaluar los casos de corrupción denunciados en el pasado reciente, como cuerpo asesor y con la estricta finalidad de revisar los diversos casos denunciados o publicados por los medios de comunicación para documentar cada expediente y determinar si tienen los méritos para ser llevados a los tribunales.

Trajano Potentini sostuvo que esa propuesta, de materializarse servirá para una mejor fundamentación de los expedientes, evitando que ocurran sorpresas desagradables o errores como los que a veces ocurren, de manera tal que no se vea afectada, e incluso justificada la voluntad gubernamental a la hora combatir la corrupción.

Naturalmente, sostuvo Potentini, no se trata de una comisión de infalibles sino de personas que podrían contribuir, con humildad de espíritu, a mejorar lo que sea necesario para evitar la impunidad.

Recordó que las demandas sociales sobre el sistema democrático desbordan la capacidad gubernamental para dar solución a la generalidad de problemas económicos, sociales y políticos, con demandas postergadas recurrentemente que terminan generando insatisfacción en la sociedad y afectando la gobernabilidad en cuanto a la gobernanza (entendida como la capacidad técnica del Estado para responder a las demandas sociales y económicas con eficiencia y transparencia) y en cuanto a la legitimidad (es decir, el grado de apoyo y confianza de la ciudadanía en los representantes políticos, las instituciones democráticas y el proceso democrático).

Todo ello, según Potentini, exige un mayor componente de la participación de la sociedad civil, para que su inclusión contribuya a forjar un mejor entorno de información y ejecución de las políticas públicas.

La FJT entiende que la distracción de los fondos públicos ocasionada por la corrupción, no solamente afecta la posibilidad de satisfacer las demandas sociales, sino que también es necesario comprender que uno de sus primeros efectos es cooptar o impedir la participación ciudadana en la gestión pública, sustrayendo a los canales informativos la realidad de los hechos como forma de obtener impunidad.

Medidas para la implementación de un sistema de gestión anticorrupción.

Por ello, la FJT apoya la propuesta de  Abinader, y asimismo, respalda la implementación de un sistema de gestión y evaluación por resultados en la administración pública, la definitiva implantación del servicio civil y la fijación de un plan realista de combate contra la corrupción, mediante la designación de acciones especificas que incluyan la implementación de acciones que pongan en vigencia la Convención Interamericana Contra la Corrupción; establecer un reglamento que permita la implantación de un sistema verificable de declaraciones de bienes y rentas de los funcionarios públicos, de manera que se promueva un ejercicio de la función pública más transparente; implementar la defensoría del Pueblo, empoderar a la Contraloría General de la República y al Ministerio Público y promover la actualización y mejoramiento de las normas que regulan los procedimientos de adquisición de bienes y contratación de bienes y servicios en las instituciones públicas, para que los mimos garanticen transparencia y credibilidad y preserven los legítimos intereses del Estado.