La rapidez con que 180 comunicadores sociales se manifestaron contra el cierre del semanario Clave y de Clave Digital revela las crecientes preocupaciones por las presiones que cada vez con más frecuencia se vienen manifestando contra el ejercicio del periodismo investigativo y crítico, tendiendo a reducir su espacio libertario.

A nadie debe quedar dudas de que la desaparición de esos dos importantes medios no fue determinada por dificultades económicas, por las que pasan muchos otros, sino que son fruto de años de presiones para reducir las denuncias de la corrupción y la falta de transparencia, del narcotráfico y el recurrente autoritarismo.

Periodismo comprometido.  El hecho objetivo de que el cierre de los dos medios coincidiera con denuncias de presiones y amenazas hasta contra la integridad física de su director Fausto Rosario, revela que la decisión fue fruto de algo más que las dificultades económicas por las que atravesaba que, por cierto, son comunes a muchas otras empresas de la comunicación.

Las precariedades institucionales dominicanas han determinado que en las últimas décadas grupos económicos hayan optado por mantener medios de comunicación propios, como instrumentos para su autodefensa, para promover sus propios intereses y en algunos casos también para contribuir al fortalecimiento integral de la nación.

Cuando el Grupo Abrisa, encabezado por Abraham Hazoury se asoció con los emprendedores periodistas que durante un año habían sostenido el fenómeno del periodismo de Internet que fuera Clave Digital, sabía que no estaba haciendo una inversión rentable. Menos cuando comenzó a editar el semanario Clave y tampoco cuando adquirió una rotativa y comenzó a levantar un edificio para convertirlo en diario.

 El contenido investigativo y peleador por las mejores causas del extraordinario grupo de periodistas y articulistas que levantaron Clave Digital constituyó a ese medio en un referente en su género. Fue su impacto lo que determinó el interés de los inversionistas que tal vez no previeron el nivel de dificultades que  les generaría. Sus investigaciones y denuncias sobre los fraudes bancarios que quebraron la economía nacional entre 2003 y 2004 y el seguimiento a sus procesos judiciales, las denuncias de corrupción y de la delincuencia en sus múltiples expresiones y el compromiso con el fortalecimiento de la institucionalidad democrática generaron muchos enemigos abiertos y solapados.

Propietarios y directivos de los dos medios tuvieron que enfrentar más de una veintena de demandas judiciales aventureras, que en su mayor parte ni siquiera fueron aceptadas por los tribunales y otras llevaron muchos meses de comparecencias y diligencias judiciales, restando energías y generando temores. El objetivo era intimidar, sobre todo a  inversionistas con muchos negocios que perder. Todos los observadores del proceso dominicano saben que a consecuencia de ello en los últimos dos años esos medios fueron reduciendo su “atrevimiento”, se le escaseó la publicidad y disminuyó el entusiasmo de sus propietarios, conllevando reducción de personal.

Atrevida publicación

Si el cierre hubiese sido determinado por lo económico, sólo habría afectado el semanario impreso, que era lo más costoso, dejando el periódico digital original, o la empresa hubiese sido vendida, ya que ha trascendido que le interesaba a más de un inversionista, o su razón social hubiese sido ofertada a los periodistas fundadores para que preservaran Clave Digital.

El análisis de las circunstancias indica que la abrupta clausura fue determinada por la esencia de la edición 229 del pasado 29 de julio, que fue la publicación, con despliegue gráfico en primera página, del interrogatorio de autoridades investigativas a la joven Ruth Sánchez Vargas, novia del hijo del español Arturo del Tiempo, quien tenía grandes inversiones en el país, como la famosa torre Atiemar y sólidos nexos con autoridades civiles y policiales, pero tuvo la “mala fortuna” de ser  atrapado en Valencia con un cargamento de 1,120 kilos de cocaína. Otro similar había sido interceptado en el puerto dominicano de Boca Chica en noviembre pasado, dirigido al mismo destino y por la misma exportadora, pero aquí no hubo consecuencias, aunque en el primer momento se dijo que “habían peces gordos involucrados”. Obviamente tenían muchos pesos y euros.

El agravante del reportaje es que la joven interrogada confirmó lo que era un secreto a voces que los del Tiempo tenían “una estrecha relación” con el jefe de la Policía Nacional, general Rafael Guillermo Guzmán Fermín, cuando ya se había publicado que entre los adquirientes de los apartamentos de la lujosa torre Atiemar, valorados entre uno y dos millones de dólares, figura su homónimo padre, quien también fuera comandante de la misma institución en los años setenta.

Tremenda coincidencia.  El editorial de la última edición del semanario publicada el jueves 5 explica el cierre en razones económicas, pero en su página dos un recuadro recoge las denuncias sobre la inseguridad de su director. Versiones extraoficiales aducen que las presiones a sus propietarios fueron graves. 

Lo que sella el carácter del cierre de los Clave es que coincidió con confidencias de que la vida de su director estaba en peligro. Se le recomendó hasta irse del país cuando le confiaron que el intento de asesinato del médico Sergio Rafael Rojas Soriano baleado el martes 3 cuando caminaba en el perímetro del parque botánico “había sido un error” porque lo confundieron con él. Coincidencialmente Fausto Rosario también acostumbraba caminar, aunque dentro del parque, aproximadamente a la misma hora. Para colmo, la contextura física, la cabeza y el pelo de ambos guardan similitud. La misma versión fue confiada también a un veterano reportero de un diario, quien la transmitió oportunamente a través del autor de este trabajo. 

No es fácil establecer la veracidad de la versión ni la fuente de origen en caso de que realmente se intentara matar a Rosario Adames. Los nexos de oficiales policiales y militares y personajes civiles con el narcotráfico y el crimen y las rivalidades y temores en el seno de los organismos de seguridad sugieren variadas hipótesis que fueron analizadas por Fausto, y sus colegas Fernando Hasbún, Jean Michel Caroit y Juan Bolívar Díaz, primero junto a otro núcleo de comunicadores y más tarde con el presidente Leonel Fernández en una reunión la noche del miércoles 4, que se extendió de 10.30 a 12.30 de la noche.  

El mandatario respondió en cuestión de minutos una llamada telefónica pidiendo la cita y escuchó con atención intercambiando múltiples preocupaciones sobre la seguridad ciudadana. En la segunda mitad del encuentro hizo comparecer al propio Jefe de la Policía Nacional, a quien comprometió en la seguridad personal del periodista. El oficial coincidió en algunas de las hipótesis, dando “plenas seguridades” de que es consciente de que un crimen como ese “sería una locura” que lo afectaría a él y al Gobierno. También empeñó su esfuerzo en esclarecer el asesinato del doctor Rojas Soriano, lo que hasta ayer sábado seguía en el misterio, ya que no le robaron y hasta ahora no se explican las causas.

Justificada preocupación

La  preocupación y alerta que expresan periodistas y articulistas de gran diversidad de medios incluyendo directivos, se pueden dimensionar por el hecho de que en tres horas del jueves 180 de ellos firmaron una declaración que se transmitió por medios electrónicos para hacerla pública la tarde del jueves 5. Decenas más se adhirieron después de distribuida.

No sólo se deplora la desaparición de dos de los medios informativos que más han contribuido en los últimos años al periodismo de investigación y que deja en el desempleo a 102 personas, y la inseguridad que  afecta a Fausto Rosario, sino que también “se llama la atención de la opinión pública y las instituciones sociales, especialmente de las que agrupan a los comunicadores y medios de comunicación, para que rechacen con vigor todo género de presiones sobre el libre ejercicio de la libertad de expresión en todas sus manifestaciones”.

Las preocupaciones son mayores por una serie de acontecimientos de los últimos meses que han implicado el intento de  asesinato del abogado y comentarista televisivo Jordi Veras, amenazas contra periodistas como Marino Zapete, agresiones al equipo investigativo de Nuria Piera, la reciente aventurera intimación de alguacil contra los anunciantes de los programas de Alicia Ortega por un alto funcionario, así como cierre de programas y medios electrónicos y amenazas a los periodistas de provincia.

Se generaliza la convicción de que de lo que se trata es de reducir el contenido investigativo y las denuncias de la desbordada corrupción, la falta de transparencia, del narcotráfico y la delincuencia que incluso han alcanzado relevantemente a los organismos de seguridad del Estado, como ha quedado de manifiesto en los últimos dos años.

A nadie debe quedar dudas de que las presiones y acciones manifiestas impactan sobre la mayoría de los comunicadores, medios y propietarios tendiendo a reducir las dimensiones libertarias que han tenido en las últimas décadas.-