La primera Constitución de este país fue votada un día como hoy del 1844 -hace 160 años- en la ciudad de San Cristóbal. Más que instrumento para apuntalar nuestro nacimiento como Estado soberano, su aprobación tuvo motivaciones político-militares circunstanciales. Recordemos que la primera Constitución fue votada habiendo sido proscritos los trinitarios, algunos de los cuales, a pesar de haber sido precursores de la Independencia, fueron declarados traidores a la patria. Recordemos que las circunstancias y apetitos de Pedro Santana obligaron a incluir los artículos 205, 206 y 210, que le permitían gobernar a su antojo, con poderes extraordinarios y subterfugios legales para ejercerlos.

Desde entonces y hasta la fecha se le han hecho treinticinco modificaciones, cada una de las cuales ha sido el fruto de circunstancias muy particulares en el ejercicio político de un hombre, una facción de partido o un partido. Jamás motivaron esos cambios las circunstancias históricas nacionales, con visión de futuro.

Las modificaciones se sucedieron dos veces en 1854, una vez en 1858 con la votación de la Constitución de Moca, en 1865, 1866, 1868, 1872, 1874, 1875, 1924 al término de la ocupación militar estadounidense , en 1942, 1962, 1966, 1994 y finalmente en el 2002, cuando una facción de partido aprovechó su superioridad numérica en el Congreso para instaurar la siempre odiosa reelección presidencial.

En estos días, en vísperas de conmemorarse otro aniversario de la votación  de la primera Constitución, exponentes de un partido político anuncian -¿o debemos decir amenazan?- con una trigésimo sexta modificación, para la cual, afirman, serían consultados expertos locales e internacionales en la materia.

La modificación constitucional de mediados del 2002 debió ser también el resultado de la amplia consulta, el gran consenso, logrado por una amplísima representación de la sociedad, pero esa voluntad fue ignorada para darle principalía a las ambiciones de grupo.

-II-

En los últimos años, el país ha sido sometido a amplias reformas políticas, sociales, económicas y judiciales. Es innegable el avance institucional logrado en las gestiones que han desembocado en esas reformas, que apuntalan aspectos medulares de la institucionalidad del Estado. Sin embargo, en 160 años de vida republicana no podemos decir que las reformas a la Constitución hayan estado atadas a la necesidad de modernizar el Estado y de incluir en ese estatuto aspectos que han sido impuestos por la apertura de mercados, la globalización de la economía y la redefinición de algunas correlaciones ideológicas.

Nuestras suspicacias por el anuncio de una trigésimo sexta reforma constitucional se ampara en los treinticinco cambios a que fue sometida la Carta en ocasiones anteriores. Esto, en modo alguno, pretende negar la necesidad de modificaciones y enmiendas en nuestra Constitución, sino que trata de reafirmar la demanda de que los cambios sean ejecutados en base a una representación universal de la sociedad, por medio de Asamblea Constituyente de amplia base, y no de Asamblea Revisora, como se hace hasta ahora.

Si nuestro país ha de darse un estatuto moderno, amplio y actualizado, no debe hacerlo a través de un medio excluyente, sino partiendo de un amplio consenso nacional. Ya es hora de abandonar la práctica de ejecutar reformas a la medida de las apetencias de grupos y sus circunstancias.

Al conmemorar hoy el 160 aniversario de la votación de nuestra primera Constitución, invocamos los principios que condujeron a los trinitarios a la lucha por la independencia y propugnamos porque nuestra vocación por establecer un Estado moderno sea la guía fundamental para lograr que una trigésimo sexta reforma constitucional sea un justo acto de desagravio nacional.