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Luego de la resolución 1920 de la Suprema Corte de Justicia, los siete juzgados de instrucción del Distrito Nacional conocen diariamente más de 20 vistas, lo que ha permitido un mayor respeto a los derechos fundamentales de los procesados, afirmó ayer la ayudante del fiscal Ingrid Hidalgo, coordinadora del Departamento de Asuntos Criminales de la Fiscalía.
Al participar en el Diálogo Jurídico de HOY, Hidalgo precisó que en los primeros días de la puesta en vigencia de la resolución, en la celebración de las vistas, se registraban algunos inconvenientes con los abogados de los acusados, debido a que éstos querían hacer intervenciones fuera de contexto.
Asimismo, señaló que en ocasiones los presos eran trasladados a las vistas sin la presencia de su abogado, por lo que los jueces se veían precisados a designar un defensor judicial.
No obstante, dijo que esos inconvenientes se han ido superando.
La coordinadora del Departamento de Asuntos Criminales de la Fiscalía del Distrito Nacional aseguró que gracias a las medidas implementadas por la Suprema Corte de Justicia el país empezó a vivir una nueva etapa de respeto a los derechos fundamentales del procesado, donde los abogados pueden exponer sus alegatos de defensa antes de llegar a la fase penal.
La doctora Hidalgo, quien tiene a su cargo junto a otros fiscales representar al Ministerio Público durante el proceso de vistas a los procesados en la jurisdicción de instrucción, aseguró que la ciudadanía ha sido la ganadora de los cambios en la administración de justicia.
Empero, aseguró que estas normativas que garantizan los derechos individuales de los ciudadanos y que fueron puestas en vigencia por la Suprema forman parte de la Constitución.
Sostuvo que gracias a las medidas adoptadas por el tribunal, tanto los fiscales como los abogados tienen la oportunidad de presentar sus alegatos sobre la decisión provisional que emitirá el juez instructor.
Los fiscales, luego de la resolución 1920 emitida por la Suprema Corte de Justicia, también están presentes junto a los abogados durante las audiencias de solicitud de libertad provisional bajo fianza.
Afirmó que con las medidas se ha consolidado en el país el derecho de cada uno de los ciudadanos que son procesados bajo la acusación de crímenes y delitos.
[b]MEDIDAS AGILIZAN[/b]
Entiende que el hecho de que los jueces y tribunales puedan decidir de manera oral y pública sobre los casos correccionales, incluyendo solicitudes de libertad provisional bajo fianza luego que se hayan presentado los alegatos y pretensiones, acelera el conocimiento de los expedientes.
En ese sentido, rechazó que la aplicación de estas medidas constituyan una retranca en la administración de justicia.
«Es todo lo contrario, porque anteriormente en algunos casos no era el juez el que participaba en los interrogatorios, sino un abogado ayudante, entonces esta resolución ha provocado una mayor integración del juez, lo que ha permitido, a su vez, un mayor acercamiento y, por ende, que el magistrado tome de manera inmediata una decisión con relación a un recluso», explicó.
[b]CAPACITADOS[/b]
La ayudante del fiscal resaltó el interés del procurador general de la República porque ese sector del sistema judicial se capacite y conozca lo que traen consigo esas nuevas disposiciones.
«No existe un ayudante de fiscal a nivel nacional que no haya estudiado el nuevo Código de Procedimiento Criminal», precisó.
Hidalgo aseguró que todos los fiscales del país se han preparado para la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Penal mediante cursos impartidos por la Procuraduría General de la República.
Sostuvo que también la Escuela del Ministerio Público ha realizado cursos y talleres para preparar a los fiscales sobre la aplicación del nuevo código.
Manifestó que el procurador Víctor Céspedes Martínez hace grandes esfuerzos para que los fiscales se capaciten y apliquen las leyes como debe ser.
[b]NO PARTICIPEN[/b]
Al preguntársele si estaba de acuerdo conque los periodistas estén presentes en las vistas, la ayudante de fiscal dijo: «la resolución no establece que son vistas publicas donde tendrá que participar el publico en general o los periodistas, la resolución de lo único que habla es que serán vistas publicas para las partes, que en este caso, son el procesado y su abogado, el representante del ministerio público y el querellante, representado por la parte civil».
En ese sentido, dijo que favorece la actuación del juez del Séptimo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, Eduardo Sánchez Ortiz, quien la semana pasada no permitió la entrada de los periodistas a una vista que se estaba celebrando con relación al caso del Banco Intercontinental (BANINTER).
«Esa fue la actitud más correcta por un asunto de derecho y de prudencia», aseguró.
De igual manera, la ayudante de fiscal dijo que es importante concientizar a la población sobre lo que es «flagrante delito», debido a que existen una serie de disposiciones que giran en torno a ese termino.
[b]COOPERACIÓN[/b]
Resaltó el apoyo dado a los ayudantes fiscales por el procurador fiscal del Distrito Nacional, Máximo Aristy Caraballo.
Asimismo, valoró la cooperación y el interés mostrado por todas las instituciones que tienen la responsabilidad de velar por que se cumplan con las disposiciones de la Suprema Corte y la Procuraduría General de la República.
En ese sentido, citó el caso de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), el Departamento Nacional de Investigaciones (DNI) y la Policía Nacional.
[b]SATISFECHOS[/b]
Alegó que las medidas han beneficiado en gran medida a los procesados, puesto que tienen la oportunidad de responder cualquier inquietud del juez instructor sin presión.
Afirmó que ha podido observar que los procesados acuden a los tribunales con más confianza.
«Ahora los procesados no pueden alegar haber recibido presión para declarar, puesto que son interrogados en presencia de un abogado, que tiene la misión de protegerlos» precisaron.
