En tres meses del gobierno de Luis Abinader y solo 50 días ocupando el cargo de ministra de la Juventud, Kimberly Taveras se vio motivada a renunciar a esta institución, tras la polémica generada por el origen de su riqueza ascendente a 106 millones de pesos en activos y pasivos, según su declaración jurada de patrimonio.

Luego de un reportaje de la periodista Nuria Piera, llamó la atención que el origen de su patrimonio provenía de los contratos que ganaba en varios ayuntamientos por el alquiler de vehículos recolectores de desperdicios sólidos. En la investigación se dejó entrever la exdirectora municipal de la Guáyiga obtenías las adjudicaciones por presuntos nexos con las autoridades.

Inmediatamente, la Dirección de Ética Gubernamental y la Dirección de Compras y Contrataciones iniciaron un proceso investigativo para determinar si la entonces funcionaria falló a la ética, si hubo prácticas corruptas en el otorgamiento de contratos o si proveía al Estado mientras ocupaba el cargo de directora municipal de la Guáyiga.

1. ¿Proveía al Estado?

Al momento de que se difundiera el reportaje de investigación, Taveras tenía vigente su registro de Proveedor del Estado.

Una de las primeras acciones de la Dirección de Compras y Contrataciones fue retirarles ese registro por tratarse se una funcionaria pública, el pasado 13 de octubre.

La entidad confirmó que la joven profesional figura como proveedora del Estado con dos empresas, una de corte personal a su nombre y otra jurídica (Colegio Domínico Chino CDC, SRL), donde funge como gerente administradora y dueña del 75 por ciento de sus acciones.

No obstante, la misma entidad certificó el pasado 5 de noviembre, que no existen en sus registros contratos de Taveras para el período agosto 2010- agosto 2016, cuando ocupó un cargo electivo en el ayuntamiento del Distrito Municipal La Guáyiga.

“Que luego de realizar las investigaciones de lugar, en el Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF) y portal Transaccional, administrados por esta Dirección General, sobre los procesos de licitación, compra o contratación que fueren firmados por la señora Kinsberly Taveras Duarte, en calidad de funcionaria pública, en el periodo agosto 2010 – agosto 2016, durante el cual se encontraba ejerciendo el cargo de Directora Municipal de Las Guáyiga en el municipio de Pedro Brand».

«A raíz de lo antes expuesto certificamos que no se encontró ninguna contratación en el período en ejerció como Directora Municipal la señora Kinsberly Taveras Duarte para el periodo agosto 2010- agosto 2016”, expresó la certificación.

2. Prácticas irregulares

La Dirección de Contrataciones Públicas depositó el 26 de noviembre ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción (PEPCA), la documentación relativa a la investigación de oficio que realiza el órgano persecutor sobre Kimberly Taveras, en el que determina que el contrato entre la exfuncionaria y la Alcaldía de Boca Chica debió rescindirse, no modificarse.

La entidad informó que en la resolución RIC-98-2020, de fecha 8 de septiembre de 2020, que responde a la solicitud de investigación interpuesta por Participación Ciudadana sobre este proceso, la Dirección General de Contrataciones Públicas verificó irregularidades en la ejecución del referido contrato, y en particular, concluye que se incumplió con las disposiciones establecidas en el artículo 31 de la Ley 340-06 y sus modificaciones y el artículo 127 del Reglamento 543-12, en lo relativo a no aumentar el monto del contrato de la obra en más de un 25% respecto al contrato original.

De igual modo, no fue comprobado que las enmiendas realizadas fueran la única forma de satisfacer el interés general, siendo éstos límites y condiciones para que proceda jurídicamente la modificación de un contrato.

“Por el contrario, en atención a los cambios exigidos en la Resolución 00019/2015 del Ministerio de Salud Pública y el cambio trascendental en el monto que los ajustes implicaban, lo cual no correspondía a una simple modificación del contrato, se verificó que éste debía más bien rescindirse y convocarse un nuevo procedimiento”, subrayó la entidad en un comunicado de prensa.

Proceso judicial

En su carta de renuncia, la empresaria enfatizó que no le hace bien al Ministerio de la Juventud mantenerse acéfalo por tanto tiempo debido a que el Ministerio Público no ha concluido con las indagaciones a la que ha estado sometida.

Apenas hace dos semanas que Compras y Contrataciones depositó el documento ante la Pepca, donde advierte la irregularidad en el contrato entre la exfuncionaria y la Alcaldía de Bocha Chica.

Taveras manifestó que se vio motivada a dimitir al cargo del que fue posesionada el pasado 16 de agosto, para no perjudicar la imagen del gobierno de Luis Abinader.