Buenos Aires (EFE).- El Gobierno de Argentina aumentó ayer el control civil de las Fuerzas Armadas al fijar las pautas de aplicación de la Ley de Defensa Nacional 18 años después de que la norma fuese promulgada y en medio de nuevas tensiones con militares.

La medida dictada por el jefe del Estado, Néstor Kirchner, define “con claridad” el papel de las Fuerzas Armadas, “dejando afuera” de su jurisdicción “cuestiones de seguridad interna”, afirmó la ministra de Defensa, Nilda Garré.

El gobernante firmó el decreto reglamentario de la ley cuando en algunos sectores castrenses objetan su política de derechos humanos y han reivindicado la represión ilegal de la última dictadura (1976-1983).

La Ley de Defensa Nacional había sido promulgada con un amplio consenso en abril de 1988, durante el Gobierno de Raúl Alfonsín, el primero democrático posterior al régimen militar, pero hasta ahora no había sido reglamentado.

En el decreto, Kirchner estableció que el Estado Mayor Conjunto pasará a ser la instancia integradora de las modalidades de acción de las tres Fuerzas Armadas, tendrá la autoridad para impartir órdenes y se encargará del planeamiento estratégico.

Actualmente ese organismo tiene un papel secundario en la coordinación de los planes que diseñan por su cuenta el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, que ahora pasarán a dedicarse sólo a alistar, adiestrar y sostener los medios puestos a su disposición.

En una rueda de prensa, Garré señaló que “hasta ahora el Estado Mayor Conjunto tenía una existencia un poco virtual”, ya que ante la falta de reglamentación de la ley dictada en 1988 “no operaba con toda la plenitud” que la norma le otorgaba.

La ministra destacó además que “un tema fundamental de la reglamentación es la absoluta precisión con que define cuál es la responsabilidad primera de las Fuerzas Armadas, que es ocuparse de situaciones de agresiones externas de Fuerzas Armadas de otro Estado, dejando fuera cuestiones de seguridad interna”.

El decreto reglamentario “nos permite clarificar la situación de que las nuevas amenazas, referidas al terrorismo o el narcotráfico, no son materia de responsabilidad de las Fuerzas Armadas, que están preparadas para otras hipótesis” de conflicto, agregó.

Tras participar en una reunión con el jefe de Estado y los mandos del Estado Mayor Conjunto, el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea en la Casa de Gobierno, Garré aseguró que el Ejecutivo pretende “impulsar un proceso de modernización y reestructuración de las Fuerzas Armadas que estaba pendiente” desde hace más de 18 años.

Nada más asumir la Presidencia del país, en mayo del 2003, Kirchner puso en marcha una profunda renovación de la cúpula militar y dio un fuerte impulso a la reapertura de las causas judiciales sobre los delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura.

Desde entonces algunos sectores castrenses expresaron su malestar ante estas decisiones, lo que volvió a reflejarse a finales del mes pasado, cuando unas 3.000 personas rindieron homenaje a los militares y civiles asesinados por la guerrilla en la década del 70.

Los asistentes a ese acto, realizado en una plaza céntrica de Buenos Aires, reivindicaron la represión de la última dictadura, formularon duras críticas al Gobierno y agredieron a algunos periodistas.

La semana pasada, Kirchner ordenó la apertura de sumarios contra seis militares retirados que participaron en ese mitin “rayano en la apología del delito” y advirtió que no tolerará que desde las filas castrenses se reivindique “el terrorismo de Estado” de la dictadura.

La reglamentación de la Ley de Defensa Nacional establece que el principal órgano de asistencia y asesoramiento al presidente y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas será el Consejo de Defensa Nacional, integrado por el vicepresidente, todos los ministros y el jefe de los servicios secretos.

La secretaría del Consejo será ejercida por el Ministerio de Defensa, que cuando lo considere necesario convocará a las reuniones del organismo a los jefes del Estado Mayor Conjunto y de las tres Fuerzas Armadas.