Lima. El presidente peruano Pedro Pablo Kuczynski negó el martes que empresas que estuvieron vinculadas a él recibieran dinero de la cuestionada constructora brasileña Odebrecht, un caso que la Procuraduría del Estado pide que sea investigado por la Fiscalía.

«Es falso, completamente falso», declaró escuetamente el presidente tras una actividad pública, cuando la prensa le preguntó sobre las presunciones de la procuradora Katherine Ampuero, basadas en supuestos depósitos de Odebrecht a compañías vinculadas a Kuczynski.

Ampuero, procuradora ad hoc para el caso de pago de sobornos de empresas brasileñas, informó el lunes que solicitó al Fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, que inicie una investigación preliminar contra Kuczynski, «por supuestas operaciones sospechosas y supuestos aportes de la empresa Odebrecht Latinvest Perú a favor de la empresa Latin America Enterprise, la cual estaría vinculada al señor presidente».

El objetivo de Ampuero es verificar si la brasileña Odebrecht, que reconoció haber pagado sobornos en Perú por unos 29 millones dólares para beneficiarse con obras públicas, participó en el financiamiento de la última campaña de Kuczynski, quien además fue primer ministro de Toledo durante la adjudicación irregular de la obra a la firma brasileña.

La procuradora respalda su pedido con algunas publicaciones periodísticas. El gobierno peruano ha rechazado las acusaciones contra Kuczynski, quien ha pedido a la firma brasileña que venda todo y se vaya del país, proceso que puede tomar unos seis meses, de acuerdo al propio mandatario.

Para el ministro de Defensa, Jorge Nieto, la Procuraduría tiene el derecho a presentar denuncias, pero de manera profesional.

«Rechazamos con firmeza, no la denuncia, sino la falta de profesionalismo y consistencia de un trabajo que aparentemente no tiene las condiciones (…) Si el sustento es una fotografía me parece deleznable, deben tener otros elementos y no parece haber de lo que hemos conocido de la denuncia». consideró.

La procuradora Ampuero también presentó una denuncia contra el expresidente Alan García y su exministro de Transportes Enrique Cornejo, por la presunta comisión de delitos contra la administración pública.