El primer mandatario de una nación recurre al canciller de un país extranjero para que el gobierno de éste proporcione recursos para favorecer al candidato de su partido y logra una dispensa o complicidad de un organismo internacional para usar de manera ilegal e ilegítima los recursos públicos. Esto no parece ser noticia para muchos medios, y no sólo  eso, sino que algunos militantes de la candidatura oficial lo niegan o lo minimizan, diciendo que esto es “parte de las reglas de juego” del sistema, algo sólo posible en un país donde la impudicia no tiene límites.

Esto sólo es posible en un país donde la falta de escrúpulos en la actividad política ha prostituido las instituciones del Estado, prostituyéndose con ellas muchos de sus principales gestores, arrastrando con ellos a la corrupción a gran parte de la sociedad.  Por eso somos el segundo país a nivel mundial con mayores niveles de corrupción, sobre todo en la administración pública y, yo diría, de mayores niveles de corrupción y permisividad en los sectores hacedores de opinión, tanto en el ámbito de lo público como en lo privado.

No ha de sorprender que por particulares intereses, el actual gobierno de Venezuela contribuya con sus recursos a las aspiraciones de un candidato de otro país. No es esta la primera vez  que lo hace ni el único país que lo ha hecho, pues las razones de Estado determina que la dirección de algunos países ayude o apoye causas ajenas, a veces execrables, sin importar consecuencias, pues para ellos  cuentan con la justificación de sus corifeos internos y externos.  Tampoco sorprende la dispensa de la burocracia del FMI otorgada al gobierno dominicano.

En tal sentido, este hecho es condenable porque evidencia una vez más que para el presiente Fernández y su partido  lo importante es mantenerse en el poder sin importar los medios, sin importar que la población se envilezca al cambiar su voto por un plato de comida ni que la conciencia de muchos y de los tránsfugas de todo tipo, sobre todo políticos, sean comprados como reses en el mercado. Es condenable también porque evidencia la complicidad de instituciones internacionales en hechos que contribuyen a socavar aún más los débiles pilares que descansa el orden social de este país.

Por esa razón, este hecho no debe minimizarse ni reducirlo a la estrecha lucha electoral entre dos partidos. La permisividad que corroe esta sociedad no debe dejarse que llegue hasta convertirse en virtud, en valor socialmente aceptado y en la norma que guía toda tipo de acción en este país. También la  impudicia y el cinismo se están haciendo monedas de uso corriente en círculos de opinión anteriormente orientados hacia la acción de carácter colectivo por un mejor país y eso debe ser enfrentado sin medias tintas.

Tanto el PLD como el PRD, cada uno en su momento, han incurrido en el uso de los recursos del Estado para sus respectivos proyectos de poder, pero eso no justifica la indiferencia ante este nuevo intento de envilecimiento de un pueblo digno de mejor suerte, no del escarnio de una “ayudita”.