Talvez seducido por los preceptos que otorgan responsabilidad social al ejercicio periodístico, he formulado desde hace años gran cantidad de sugerencias y críticas al tránsito de vehículos.

Persuadido estoy, sin embargo, de que aquí las cosas funcionan cuando a los gobiernos de turno conviene. Aun en ese estado de conciencia, persisto en la tarea.

Reconozco que en el país existen leyes quizás en exceso, que sólo falta actualizarlas y aplicarlas con el debido y responsable rigor.

La Ley de Tránsito que nos damos el lujo de tener los dominicanos es lo que más se parece a un viejo y cansado animal doméstico: se tiene, pero de nada nos sirve.

Redactada y promulgada en el año 1967, cuando en esta República los vehículos en circulación es probable que no superaran las 150 mil unidades, la legislación cayó hace tiempo en la categoría de obsoleta.

Esa inadecuación de la ley es culpable, en gran parte, del caótico, vulnerable y arrabalizado sistema de tránsito nuestro. La dichosa disposición legal solo ha sido modificada en tres contadas ocasiones, una de cuyas enmiendas dispuso (¡Oh voracidad fiscal!) aumentar las multas por infracciones.

Urge renovar la 241 y adecuarla a la moderna etapa de los túneles y elevados, a los tiempos de la yipetrocracia que irrespeta normas, del oscuro entintado de cristales que ocultan obscenidades, y de los dos millones 121 mil 244 unidades que componen el denso parque vehicular nacional.

¿O es innecesario?