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En el artículo anterior señalaba las actividades que son necesarias para promover, difundir y crear una cultura de la competencia. En esta  entrega, abordaré la importancia de ejecutar las actividades que permitan a los agentes económicos estar conscientes de la necesidad de abogar por la competencia.

Tanto para abogar como para crear una cultura de la Competencia se requiere un gran esfuerzo por parte de la autoridad de la competencia en la creación de capacidades a los empresarios, economistas, abogados, jueces,  en aspectos específicos, como la publicación de comunicados de prensa respecto de casos de aplicación de la ley, la publicación de informes, conocer estudios económicos sobre aspectos de competencia incluyendo el impacto de la regulación en mercados de bienes y servicios. 

El éxito de la abogacía de la competencia dependerá en gran medida del nivel de cultura de competencia (débil o fuerte) que exista en el país. El entendimiento sobre la importancia de la competencia en la comunidad empresarial, las universidades, las autoridades gubernamentales, los legisladores, las Organizaciones de la Sociedad Civil, constituye una herramienta esencial para fortalecer la capacidad institucional en pro de la competencia.

Pero en particular, la creación de una cultura de competencia, dependerá mucho de la actitud que asuman  los productores y  los consumidores cuando interactúan en el mercado. Es decir, una actitud  del productor de  satisfacción por el status quo de sus privilegios,  obtenidos  por la relación cercana al Poder o por considerarse un grupo de presión importante es una muestra de una débil cultura de competencia.

De igual modo, se puede afirmar, que hay una débil cultura de competencia, cuando un consumidor cede ante el abuso monopólico de posiciones dominante en el mercado por parte de los productores.

Una fuerte cultura de competencia es caracterizada cuando los productores asumen la actitud de  ofrecer a los consumidores  gran variedad de bienes y servicios de  calidad a buenos precios. En lo que respecta al consumidor, este debe buscar activamente las mejores opciones en el mercado y mantenerse debidamente informado. La responsabilidad  de la autoridad de competencia debe estar enmarcada en esforzarse  para lograr que las reglas sean ampliamente conocidas, entendidas y respectadas por todos los entes económicos.

Otra labor importante, es hacer énfasis  en el sistema judicial para lograr que este se familiarice con los principios de la competencia, más que en asuntos de errores de procedimiento. Es decir,  que prime el Principio de Eficiencia Económica a la hora de interpretación de la legislación.

La República Dominicana no puede darse el lujo de que una ley tan fundamental en una economía de mercado y en el actual proceso de liberalización comercial se convierta en  “letra muerta” y que por consiguiente, tanto los empresarios como los consumidores no aprovechemos los beneficios que esta ofrece.

Finalmente, se debe evitar que la Ley sobre Defensa de la Competencia se incluya en la lista de “Leyes que no se cumplen y no hay consecuencias” del próximo Informe sobre Desarrollo Humano, que elabora periódicamente el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y que por tanto se aplique la “Ley del tigueraje” o la “Ley del más fuerte” en el mercado dominicano.