Cualquier sociedad respetuosa de los valores humanos, en especial la familia, procura que sus niños se desarrollen en dos actividades básicas: El entretenimiento o juego de carácter educativo y su formación o instrucción para asegurar una inserción no traumática  en la sociedad que vivirán en el futuro.

Sin embargo, en nuestro país, como en la mayoría de los pueblos latinoamericanos, tempranamente nuestros niños se introducen en el mercado laboral, por presión económica familiar o cuenta propia, resultando muchas veces que se desvían hacia la delincuencia por repetidos fracasos en lograr sus propósitos personales.

Hace algunos días, el ministro de Trabajo, Max Puig, hizo la presentación de un programa que pretende erradicar el trabajo infantil en la República Dominicana en un plazo de diez años y  que cuenta con el apoyo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Desde hace algunos años, conozco a una doña cuyas características sobresalientes son un cráneo totalmente cubierto de canas (esas que los poetas comparan con finos hilos de plata) y su capacidad para análisis fenomenales de situaciones que para muchos pasan desapercibidas.

Al conocer las declaraciones del ministro de Trabajo usó su mentalidad de abuela, para comentar que lucía “cantinflesca” la expresión del funcionario, porque lógicamente, dentro de diez años, los niños trabajadores de ahora serán adultos y… “si van a estar grandes,  nadie podrá decir  que su trabajo es infantil”  lo que hace aparecer el plazo como excesivamente largo o francamente demagógico.

La visión gubernamental de la explotación de los niños no puede ser un simple ejercicio retórico ante la prensa; se necesitan acciones concretas y rápidas antes de que sean adultos antisociales.