POR JOSÉ LUIS ALEMÁN SJ
El acuerdo de asistencia stand by firmado por el Gobierno y el FMI es sorprendentemente estricto y original en su insistencia en atacar a fondo las raíces institucionales de nuestras debilidades económicas de las cuales depende la cíclica necesidad de recurrir al FMI.

Habitualmente el Fondo impone topes a un gasto público en el que los gastos desbordan ampliamente los ingresos estatales y limitando la emisión monetaria inducida por el déficit fiscal. La experiencia enseña que emisiones monetarias financiadoras de déficits fiscales provocan a la larga problemas inflacionarios y cambiarios indetenibles por controles de precios o del mercado de divisas. Cuando los ahorrantes y los productores sienten su inutilidad y huyen de la moneda nacional para refugiarse en la de otro país y el financiamiento externo se dificulta o se limita se muestra que los controles fueron simples parches de emergencia en una economía malherida. De ahí los topes fiscales y monetarios.

De ahí también la resistencia de los Gobiernos y de la Sociedad, acostumbrados ambos a vivir dentro de un marco peligroso pero acostumbrado, a acudir a un FMI que quiere imponer disciplina financiera. De ahí el clamor por condonación de deudas o por su renegociación. Stiglitz, crítico del FMI, ironiza este pataleo narrando su conversación con un secretario de finanzas de un país latinoamericano agobiado por la imposibilidad práctica de cumplir con las deudas de su país. La solución de raíz, dijo Stiglitz, es declarar que su país no pagará más la deuda porque casi toda ella ha sido amortizada con un interés congruo. El secretario, aterrado, cerró la conversación: «imposible; entonces ¿quién nos financiaría?».

Ese es el drama del pobre endeudado no se atreve a vivir sin más préstamos porque quiere seguir su desequilibrado estilo de vida.

Por eso todos los acuerdos con el Fondo eran más o menos parcialmente incumplidos y el Fondo se «acomodaba» a ese ambiguo comportamiento como hace el confesor a todo penitente víctima consuetudinaria de una pasión. Casi le da licencia para seguir pecando.

El nuevo acuerdo con el Fondo es mucho más exigente. El problema no está tanto en los topes, necesarios para un control mínimo, sino en las instituciones, leyes o convenios, que facilitan el incumplimiento. El acuerdo va levantando un verdadero muro legal para obligar al Gobierno al manejo transparente de sus recursos, para castigar a banqueros con historial de pecados mortales de abuso de confianza con el dinero ajeno y para que el Banco Central sea, por fin, menos permeable a la voluntad del Ejecutivo. Sin esta reestructuración institucional seguiremos siendo clientes indeseados de un indeseado Fondo.

Podrá uno quejarse de esta manifiesta aunque acatada ingerencia en el ordenamiento jurídico del país. No debe uno olvidar, sin embargo, que el único fin de la ley es el bienestar de los ciudadanos. Si no quisimos o pudimos hacerlo porque ciudadanos más iguales que otros lo dificultaron, aceptemos refunfuñando que el Fondo nos discipline como el abuelo al nieto.

EL ROSTRO MÁS HUMANO DEL FONDO

Nunca me imaginé que un Representante del Fondo tras un acuerdo logrado por el país se prestaría a un taller público en la PUCMM con acceso a personalidades empresariales, sindicales y académicas y con ausencia de los protagonistas oficiales y que se comportaría con sinceridad y máxima comprensión antes las preocupaciones y críticas de sus oyentes. De paso la frase «rostro humano» fue introducida por una sindicalista ama de casa que como la mayoría sufrirá el impacto de los ajustes aunque deploró, eso sí, que en la discusión del acuerdo no hubiese participado ninguna ciudadana de a pie.

Nadie negará que el éxito del Taller se debió en parte apreciable a la personalidad, competencia y perfecto dominio de la lengua del Representante del FMI. Pero sería aún más imposible negar que el Fondo abandonó su habitual secreteo justificado anteriormente porque el único interlocutor legalmente válido era el Gobierno y que el Gobierno Dominicano aceptó oír críticas de un Acuerdo que es también hijo suyo y no de sólo el Fondo: la p(m)aternidad es problema de dos y no de uno solo.

Más en el trasfondo creo que hay que tener en cuenta tres circunstancias particulares de este acuerdo: a) el Fondo desde hace lustros se financia no tanto de aportes de los Gobiernos o de venta de oro sino de la emisión de bonos adquiribles y muy adquiridos por el sector privado; b) el Fondo enfrenta en Argentina un Gobierno que unilateralmente y en desacuerdo con él trata de reducir sus enormes compromisos externos; c) tal como la calificó el Representante del FMI en el Taller la quiebra de un banco dominicano que ocasionó una perdida financiera del 15% del PIB y la brutal devaluación del peso es algo tan excepcional a nivel mundial que requiere extraer consecuencias penales y civiles.

Traduzco al castellano los efectos publicitarios de estos hechos: toda institución que depende sustancialmente de la buena voluntad de quienes la financian conviene que exhiba una conducta transparente y confiable que sirva de aval moral. Para disfrutar de esa imagen lo decisivo es la realidad y para ésta las metas estructurales, no sólo los topes, que dificulten sustancialmente la repetición cíclica de crisis.

MENÚ DE LAS REFORMAS ESTRUCTURALES CONVENIDAS

REFORMAS FISCALES: Centralización del manejo, registro de ingresos, autorización de gastos y financiamiento bajo «una determinada Secretaría de Estado» y uso de una sola cuenta del Tesoro para la administración de flujos de caja, proceso de proyección y ejecución del presupuesto.

Reglas estrictas de licitación, basadas en normas internacionales para todas las compras públicas de financiamiento interno y externo, los contratos y otras adquisiciones públicas.

Centralización del proceso de autorización para contratar y negociar cualquier nuevo financiamiento externo.

Reforma tributaria secuenciada que vaya eliminando el impuesto a la comisión cambiaria y a las transacciones financieras y compensando posibles perdidas de ingreso por la eventual entrada en vigencia del CAFTA a través de simplificación del sistema, ampliación de la base impositiva y eliminación de regímenes tributarios específicos (turismo y zona fronteriza).

REFORMAS DEL SECTOR FINANCIERO: SISTEMA BANCARIO

Coeficiente de capital liquido del 10% ó más de los activos ponderados por su riesgo y contribuciones al capital que satisfagan normas internacionales.

En caso de subcapitalización los bancos afectados presentarán un plan de rehabilitación. Suspensión inmediata por el Estado de cualquier gerente o administrador considerado no apto en caso de incumplimiento.

Sujeción de los bancos públicos a los mismos requisitos de calidad del capital que los bancos privados.

Confección y supervisión de planes de negocios a cinco años que deben ser actualizados dos veces al año sobre la base de estados financieros en junio y diciembre auditados por una firma contable de renombre internacional y otra nacional.

Contabilidad consolidada que muestre el capital de las filiales de propiedad absoluta o parcial, uso de fondos públicos y supervisión consolidada.

La liquidez adicional necesaria para enfrentar riesgos de liquidez exigirá suspensión de las actividades de préstamos si sobrepasa el 20% del capital, presentación de un plan en dos semanas para recaudar los préstamos conectados si excede el 50% del capital, y entrega de las acciones por parte de los accionistas como garantía si supera el 100% del capital

Como resultado de la resolución de los tres bancos en dificultad el Banco Central reorganizará sus esfuerzos para la ejecución de activos puestos en garantía por los antiguos accionistas, su administración (designación del personal clave, aprobación de presupuestos y de controles internos), evaluación, inventario, traspaso y venta de sus activos a valores de mercado.

REFORMA DEL SECTOR FINANCIERO: MARCO INSTITUCIONAL

Banco Central: Prolongar el mandato de los miembros de la Junta Monetaria, incluyendo el Gobernador y el Superintendente de Bancos a cinco años, ratificación por el Senado de las designaciones para Gobernador y Superintendente de Bancos, harmonización de la ley Monetaria y Financiera y la de Riesgo Sistémico.

Supervisión diaria por la Superintendencia de Bancos del movimiento de caja de cada Banco y comparación con datos de períodos anteriores; desarrollo de un plan para fortalecer la capacidad de revisión y de control de riesgos a los más altos estándares regionales.

Conclusión de la reestructuración de los dos bancos resueltos en el 2004 sin compensación adicional a ellos; evaluación del uso de facilidades de liquidez proporcionadas a los tres bancos quebrados; verificación de si todos los depósitos extraterritoriales protegidos eran realmente pasivos que comprometían legalmente a esos bancos; asegurar que todas las partes responsables de la debacle financiera sean llevadas a la justicia y que a partir de enero del 2005 «la Oficina del Procurador General publique

informes periódicos sobre el estado de los casos civiles y criminales relacionados con los bancos quebrados».

Fortalecimiento de otros intermediarios financieros, incluyendo las asociaciones de ahorros y préstamos y los dos bancos estatales especializados.

REFORMAS ESTRUCTURALES DEL SECTOR ENERGÉTICO

La meta a mediano plazo es reducir el déficit del sector y asegurar su viabilidad financiera.

Una condición necesaria para mejorar las tasas de cobranza es la estabilización del suministro de electricidad para satisfacer «cerca del 70% de la demanda diaria».

Reducción de las pérdidas de transmisión a alrededor del 30% y mejorar las tasas de cobranza a cerca del 90% estándares de transmisión de desempeño alcanzados en épocas tan recientes como la segunda mitad del año 2002.

Aumento de los ingresos de las distribuidoras en cerca de 30% mediante mejor asignación de subsidios focalizándolos en los consumidores de menos de 200 KW mensuales y alza de las tarifas, que incluyan variaciones del tipo de cambio y de los precios del petróleo, para los otros consumidores; pago al día del consumo de energía por el gobierno y mejor suministro a zonas de menor costo y mayor recaudación con miras a inducir una mejor cultura de pago.

Mantenimiento al día del pago de los intereses por deuda a las distribuidoras privadas manteniendo el monto del capital.

Renegociación de los contratos de suministro de energía y exploración de opciones para introducir mayor competencia.

El aporte del gobierno al sector será en el 2005 de no más de US$ 350 millones. Mensualmente se emitirán informes públicos en particular respecto a la evolución del índice de recuperación de efectivo y a las transferencias públicas al Sector.

«El principal elemento del plan de contingencia incluirá la participación del sector privado en la administración de las compañías estatales de distribución».

VISIÓN DE CONJUNTO

Ante todo importa subrayar que este conjunto de Políticas, aun cuando sea el resultado de arduas negociaciones con el Fondo, ha sido aceptado formalmente por el Banco Central, el Secretariado Técnico y la Secretaría de Finanzas. El Ejecutivo endorsa el conjunto y todas las políticas resumidas. No sería necesario recordar que en cuanto de él depende hay obligación de cumplir lo pactado si no fuese que la práctica reciente y pasada arroja dudas sobre esa conducta. Pronto sabremos si algo han aprendido nuestros gobernantes: el tope al gasto en capital del Gobierno Central y el proyecto del Metro se encaminan a un choque. El compromiso del Gobierno a informar públicamente a partir de enero sobre el estado de los casos civiles y criminales relacionados con los bancos quebrados y a publicar mensualmente un informe público sobre el avance del plan de recuperación del sector eléctrico son «pruebas de ácido», como decían los alquimistas en busca del oro, de un deseado cambio en el cumplimiento de promesas gubernamentales.

Todas las reformas convenidas entre Gobierno y Fondo han sido discutidas en nuestra sociedad. Todas son razonables. Obviamente faltan muchas de tipo social y político responsabilidades de un Gobierno Nacional actuando dentro del espacio multinacional. Pero si de algo se puede criticar en el Programa es su búsqueda de perfección. A veces lo mejor es enemigo de lo bueno.

El Programa exige (¿impone?) austeridad y responsabilidad. Sus efectos macroeconómicos parecen promisorios a largo plazo, pero por ahora la eliminación de subsidios fiscales a las zonas, al turismo y a la frontera; el incremento sustancial de la competencia internacional impuesta por DR-CAFTA y la supresión de préstamos bancarios fáciles a nuevas inversiones hace temer la llegada de un Tsunami contra el empleo. Ojalà que el Gobierno recapacite su política cambiaría para que su efecto devastador sea menos doloroso y traumático.