POR MARIO MÉNDEZ
De todas las crisis petroleras, la actual podría ser la que mayor impacto económico y social tendría en el país. El problema no sólo está en que el sector público está ahora en menor capacidad financiera que en las crisis petroleras anteriores para otorgar subsidios y en que ha sido privatizada la electricidad, un sector que depende del petróleo y que tiene una gran incidencia sobre la economía y el desenvolvimiento social, sino que, además, se prevé que esta crisis tendrá una larga duración y que los precios del petróleo y sus derivados continuarán subiendo.

Expertos internacionales recuerdan que cuando la crisis petrolera de la década de los ’80, los precios vinieron a provocar una reacción de la demanda cuando subieron de 11 dólares a 40 dólares el barril.

Según estos expertos, esos 40 dólares equivalen hoy a unos 140 dólares.

Es por esta razón que algunos analistas han vaticinado que el precio del petróleo podría llegar a superar los 100 dólares el barril. El factor que mayor incidencia está teniendo en el alza del petróleo, es el crecimiento de la demanda.

Sin embargo, los precios de los combustibles tienen un comportamiento inelástico frente a la demanda, y sólo cuando alcanzan determinados niveles provocan una reacción entre los consumidores.

Philip Verleger, un economista independiente especializado en petróleo, ha planteado que los precios minoristas de la gasolina en los Estados Unidos tendrían que subir a cerca de cinco dólares, «antes de que realmente empiecen a hacer bajar la demanda».

Cinco dólares equivalen a 150 pesos dominicanos.

El sector público dominicano no está, en las actuales circunstancias, en condiciones de absorber por mucho tiempo las alzas de los precios del petróleo ya registradas y las que se esperan debido al alto nivel de endeudamiento público y a los limitados ingresos fiscales.

Actualmente el gobierno se propone presentar al Congreso Nacional una reforma tributaria para compensar ingresos que dejaría de percibir por impuestos que serían eliminados en el marco del tratado de libre comercio con los Estados Unidos y Centroamérica.

La deuda del sector público, que ha crecido enormente a causa del déficit cuasifiscal que generaron en el Banco Central la crisis bancaria y su manejo, ronda en la actualidad el 50% del Producto Interno Bruto (PIB), lo cual dificulta que el país tenga acceso a nuevos financiamientos para ampliar los programas de subsidios en el sector energético.

Además, hay sectores donde los combustibles tienen una gran incidencia, como el sector eléctrico, que ha sido privatizado y que su funcionamiento no es compatible con el sistema de subsidios que se mantuvo en crisis petroleras anteriores.

A eso se agrega que el país tiene un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), cuyos programas son incompatibles con los sistemas de subsidios que se otorgaron en el pasado y que se constituyen en un factor generador de inestabilidad macroeconómica.

Todo esto hace pensar que las alzas de los combustibles tendrán que ser traspasadas a la población que consume directamente los derivados del petróleo y a la que paga el servicio de la energía eléctrica.

Además, estos precios incidirán en los costos de producción de toda la economía, lo cual se reflejará en los demás precios, vía costos.