La Directora Ejecutiva del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), Claudia Franchesca De los Santos, advirtió hoy que todos los ciudadanos, sin importar que sean dominicanos o extranjeros, tienen el mismo derecho a transportarse de manera segura y sin discriminación.

De los Santos se expresó en estos términos a propósito del llamado realizado ayer por el presidente de la Confederación Nacional de Organizaciones del Transporte (Conatra), Antonio Marte, quien pidió a los choferes afiliados a ese sindicato no montar a ningún haitiano, sin importar su estatus.

En ese sentido, la funcionaria explicó que tanto en la Constitución de la República como en otras leyes y normas está establecido el libre tránsito, por lo que constituye una violación a ese mandato constitucional negarle el servicio de transporte a las personas.

“República Dominicana es un país democrático en el que todos los ciudadanos gozan las libertades consagradas en la Constitución y las leyes y una de esas es el libre tránsito, por lo que quienes incurran en ese tipo de violación asumen las consecuencias establecidas», expuso.

“Jamás el gobierno permitirá una acción similar, esa no es ni ha sido política de este gobierno. República Dominicana es un país libre y democrático, en el que todos los ciudadanos pueden moverse y transportarse libremente y nadie puede coartarle ese derecho”, agregó la funcionaria.

La Ley 63-17 en su el Artículo No.56 establece que “el servicio público de transporte de pasajeros deberá ser prestado sin discriminación a las personas que lo requieran”.

Recordó que la Ley faculta al Intrant a establecer las sanciones administrativas correspondientes a los operadores, ante la violación de cualquiera de sus artículos.

“Toda persona que se encuentre en territorio nacional tiene derecho a transitar libremente de conformidad con la Ley, y dicha libertad no puede ser limitada por razones discriminatorias”, expresó Claudia Franchesca.

Manifestó además, que el INTRANT adoptará todas las medidas que sean necesarias para prevenir y combatir la discriminación que ocurra en el sector transporte, tras indicar que éste es un servicio público que el Estado ha concesionado a particulares, el cual debe ser ofertado a la ciudadanía sin discriminación por razones de ningún tipo.

«Pues de lo contrario, dichas concesiones pudieran ser revocadas y reasignadas a otras empresas que no incurran en prácticas prohibidas por la Constitución y las leyes», recalcó.

Afirmó que la política nacional de transporte terrestre que está implementando esa institución atiende las garantías de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas, no solo en su calidad de conductores, sino también de pasajeros, en todos los ámbitos regulados por la Ley 63-17.