El golpe militar  que derrocó el Gobierno constitucional del profesor Juan Bosch causó graves lesiones a las aspiraciones de cambio de los dominicanos,  pero las consecuencias que se derivaron de esa afrenta tuvieron, apenas dos años después, en abril  del 1965, efectos aleccionadores  altamente positivos para la democracia. Medio siglo después, se afianza la vigencia del criterio de que ese estallido bélico sepultó para siempre la maquinaria del golpismo contra el poder legítimamente alcanzado, contra la voluntad libérrima del pueblo.

Aunque la lección para el golpismo fue contundente, todavía hay voces infames que pretenden culpar al profesor Juan Bosch por el golpe que le derrocó, atribuyéndole a ese monumento de principios y valores supuestas  actitudes que provocaron a las fuerzas del oscurantismo hasta el grado de atentar contra su mandato. Olvidan esos que Bosch fue elegido por la voluntad mayoritaria del pueblo en las primeras elecciones democráticas que tuvo el país después de la caída de la tiranía.

 Hay que lamentar que esa afrenta retrasó el avance del país hacia un Estado de derechos. Pero 50 años después podemos decir que, paralelamente, el atentado contra la voluntad popular creó los anticuerpos necesarios para repeler, a partir de esos sucesos, todo intento de desviar la ruta que los dominicanos hemos decidido transitar.

ARANCEL CERO Y COMPETITIVIDAD

La competitividad de la industria y la agropecuaria locales enfrentará su más dura prueba a partir del día primero de enero del 2015, cuando por compromiso asumido en el DR-CAFTA serán desmontados los aranceles del 96 por ciento de los productos que el país importa desde Estados Unidos y Centroamérica. Faltando tan poco tiempo, una parte importante del empresariado percibe que el Estado no ha hecho lo necesario para atenuar los efectos.

Desde que se negoció ese tratado comercial, la consigna debió ser impulsar la producción de bienes exportables y servicios con alto valor agregado. Algunos sectores así lo hicieron, con excelentes resultados. Otros mantuvieron sus esquemas tradicionales. El Estado no fue persistente en impulsar la necesaria transformación, pero tampoco lo fue la voluntad del sector empresarial que se ha quedado rezagado. Y el desmonte es casi un hecho.