La ciudadanía vive en una expectativa   sobre el plan nacional que el gobierno aplicaría  frente a las alzas de precios del petróleo -asociadas a las de alimentos- que de continuar ahondarían el déficit de cuenta corriente y colocarían a la economía en el derrotero incierto de consumir mucho más dólares que los que ingresan, como acaba de poner de relieve el   subdirector gerente del FMI, Murilo Portugal. La gravedad de la situación de este país, común a otros similares castigados implacablemente por las cotizaciones del crudo, obliga al gobierno a tomar  acciones que impacten  medularmente en la economía.

Han de ser  objetivos de corto plazo: Reducir el consumo ineficiente de energía; invertir el curso descendente de  exportaciones, incentivándolas;  modificar aspectos de infraestructura  adversos a la producción; revisar, con firme voluntad política, las inversiones y gastos del Estado. El gobierno tendría no solo que poner en marcha programas para alcanzar las  metas que reclaman las circunstancias, sino colocarse a la vanguardia en el ahorro, dando ejemplos y actuando de manera resuelta  para que con  nuevas reglas  que propicien  la rentabilidad  y la eficiencia, el  sector privado   juegue un mejor papel, acrecentando la producción.  Pero todo lo anterior resultaría  insuficiente si  no se lanza a también  tomar las medidas que sean necesarias para preservar niveles adquisitivos que eviten los sufrimientos que causa la carestía de alimentos.

Más protección a padres y tutores
La autorización de las autoridades educativas a los colegios privados para que dispongan alzas de tarifas de hasta un 12% para el próximo año lectivo, debe considerarse un golpe inevitable, pues ningún sector de servicios ha escapado a los incrementos de costos  que  repercuten hacia todas las áreas de la economía. Pero en  la carga mensual al presupuesto familiar por  educación  a veces aparece la imposición de gastos extras por concepto de  cambios adelantados   de textos y uniformes, adquisición en demasía de útiles  y otras contribuciones.

Los directores de colegios deben ser advertidos mediante resolución de que los tiempos exigen austeridad y de que  algunos gastos tradicionales deben reducirse   en momentos de crisis, sin tocar lo prioritario. Colóquense a la altura de las circunstancias, busquen economía para su beneficio  y el de las familias y que la Secretaría de Educación vele por ello.