En las últimas décadas, nuestro país ha alcanzado una etapa de desarrollo económico que podría catalogarse como miembro de los llamados países emergentes. Sin embargo, la agonía del sistema se refleja en la creación de un modelo económico en el cual prevalece la exclusión social.

En la actualidad, el país se encuentra frente a las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional y la puesta en marcha de un programa de ajuste estructural, que se traduce en la degradación de los servicios públicos, es decir, se ha establecido un modelo de liberalización cuyos párametros principales son el acuerdo de libre comercio, la promoción de las zonas francas, la economía de servicios, el llamado a la inversión extranjera y la especulación.

La población de bajos ingresos paga un precio muy elevado a causa de la corrupción existente que se traduce en incrementos de costos de los proyectos, un alto crecimiento que sólo beneficia a los ricos del país, y las barreras para obtener una educación mejor y que definitivamente influyen en forma negativa en la competitividad del país, entre otras.

Para nadie es un secreto que los recursos del país son limitados y existen limitaciones en cuanto a la cantidad de tierra arable y la disponibilidad del recurso agua. Del mismo modo, el país no tiene una balanza comercial repartida en forma armoniosa entre los diferentes sectores de actividad.

Los desequilibrios estructurales, aunados al sistema político imperante, no permiten generar un crecimiento económico capaz de absorber la cantidad de jóvenes con que cuenta el país, con los niveles de educación necesarios y la obtención de una calificación o destreza.  Los estudios realizados por el Banco Mundial reflejan que una de las características más rechazada de la desigualdad existente en el país es que dicha desigualdad genera un diferencial de oportunidades y la misma se transmite por generaciones. Por lo tanto, el elevado nivel de desigualdad, acompañado por los altos niveles de pobreza y de indingencia exacerban el debate ideológico y la acción política. De ahí las manifestaciones contra la instalación de una cementera en Los Haitises y las manifestaciones populares en pro del 4% para la educación, eventos que en lugar de facilitar, dificultan la posibilidad de lograr acuerdos para la adopción de políticas públicas. En definitiva, frente a la situación imperante, el Estado tendrá que aplicar mecanismos que permitan compensar a la población de bajos ingresos, para la cual los sistemas fiscales no están preparados ni en el plano de los ingresos ni mucho menos en el de los gastos.  Dentro de ese contexto, se hace necesario formular una política fiscal que permita contribuir a establecer una equidad en la distribución del bienestar en el país.

En un artículo anterior estuvimos analizando los efectos negativos que tendrían el aumento y expansión de la base del ITBIS en las familias de bajos ingresos y en la clase media con ingresos fijos, dado el carácter regresivo de dicho impuesto al valor agregado o al consumo. En consecuencia, ha llegado el momento para que se analice cuáles medidas deben adoptarse a fin de recabar una mayor recaudación y al mismo tiempo, mitigar su impacto en la población de bajos ingresos y la clase media, por medio de la devolución del impuesto del ITBIS pagado por los quintiles más bajos en los niveles de ingresos.

Recientemente se celebró en la sede de la CEPALC un seminario sobre política fiscal cuyos objetivos se centraron en la adopción de una política fiscal que promueva una mayor inclusión social. Una de las ponencias presentada fue  “El IVA Personalizado: Aumentando la recaudación y compensando a los más pobres”. Dicha ponencia fue el resultado de un esfuerzo de colaboración entre los Sres. Alberto Barreix, Martin Bès y Jerónimo Roca. En la ponencia se presentan algunas ideas sobre el papel del IVA en un sistema tributario moderno y qué medidas se pueden introducir para que dicho impuesto no penalice a la población de bajos ingresos.

En dicha intervención se refleja cómo en nuestro país ha habido una drástica disminución de la participación porcentual de los impuestos sobre el comercio exterior, ya que los mismos pasaron de 28,9 en 1990 a un 32,7 en el 2000 y sufren una caída al 10,7 en el 2007. En lo que atañe a la estructura impositiva, los ingresos por concepto de impuesto del Gobierno central como porcentaje del PIB fueron 9,3 por ciento durante el periodo 1990-94; 11,2 por ciento en 1995-1999; 12,3 por ciento en el 2000-2004, y un 15,1 por ciento en el 2005-2007.

En cuanto a su composición, el impuesto sobre la renta representa un 24,4 por ciento; el ITBIS 27,8 por ciento; el selectivo al consumo 23,2 por ciento; el comercio internacional 20,7 por ciento; y el resto de los indirectos 3,9 por ciento. Lo anterior explica por qué la responsabilidad de administrar los ingresos tributarios se ha trasladado a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), dada la disminución relativa de los impuestos al comercio exterior. Las principales críticas al sistema tributario dominicano están fuertemente vinculadas a su carácter regresivo y a la escasa recaudación del impuesto sobre la renta debido, entre otros, a la generalización de exenciones e incentivos como por el elevado incumplimiento de las obligaciones tributarias por parte de los contribuyentes. En otras palabras, en el país existe una muy elevada evasión fiscal.

Por otra parte, se hace necesario un análisis mucho más profundo en lo vinculado a los efectos de la política fiscal en generar una mayor desigualdad social, tomando en consideración la polarización de la población en torno a la distribución del ingreso, la movilidad social, los diferentes niveles de pobreza y el nivel de informalidad que tiene la estructura económica como determinante de la exclusión social.

Por último, la carga tributaria no es suficiente para atender nuestras necesidades de desarrollo ni mucho menos para facilitar la adopción de políticas públicas con énfasis en lo social, dirigidas a mejorar la situación en que se encuentran los estratos sociales de bajos ingresos. Por lo tanto, sería recomendable adoptar una política fiscal que tenga un impacto significativo en la distribución del ingreso y el combate a la pobreza. Esa política tiene  que contemplar la idea de que en una sociedad moderna se distribuyen los esfuerzos y, en consecuencia, se requiere aumentar la participación del impuesto sobre la renta en la recaudación total y eliminar la evasión fiscal.