República Dominicana debe contar con una Ley de Ordenamiento Territorial que valore los recursos y potencialidades de los diversos territorios en el marco de un desarrollo económico local y nacional, pero para esto deben darse las condiciones para que los diversos actores puedan participar en la elaboración de dicho marco regulatorio, expresó la vicepresidenta ejecutiva de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), Circe Almánzar.

La dirigente empresarial hizo el señalamiento al respaldar los planteamientos hechos por el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), organización que solicitó al Congreso Nacional detener el conocimiento del Proyecto de Ley de Ordenamiento Territorial y Uso de Suelo, aprobado en primera lectura por la Cámara de Diputados con el fin de abrir un proceso de consultas previo a la aprobación del mismo.

“Se trata de una importante pieza legislativa que incidirá en el desarrollo económico y social de la nación de modo determinante, que facilitará o dificultará la convivencia de legítimos objetivos de preservación de recursos naturales y culturales con legítimos objetivos de desarrollo económico. El buscar la forma de satisfacer de modo integral estos objetivos debe ser motivo de diálogo. La AIRD está dispuesta a este diálogo”, aseguró Almánzar.

Indicó que preocupa a los industriales que se elabore una pieza legislativa que constituya un obstáculo innecesario para las actividades económicas, que además pueda resultar en una Ley incapaz de ser observable en su totalidad y que pase a ser letra muerta, como muchas otras leyes que se elaboran sin tomar en cuenta nuestra realidad. “Tomemos el tiempo que necesitemos, sin dilaciones, pero con voluntad firme de lograr un consenso en torno a diversos temas que quiere regular el proyecto de Ley”, indicó.

Expresó su preocupación porque los diputados pretenden aprobar un proyecto de ley que no va en consonancia con el trabajo realizado por la Dirección de Ordenamiento Territorial y el ministerio de Economía durante años y que podrá entrar en contradicción con las propuestas del Poder Ejecutivo.