Cuando un conflicto armado interno, llámese como se llame, tiene más de 50 años, dos cuestiones saltan a la vista: 1) el sector oficial ha sido incapaz de vencer el levantamiento, y 2) el sector contestatario no ha podido vencer al ejército regular. Es decir, dos imposibilidades que, en el ejemplo de los enfrentamientos del ejército de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) se han expresado en más de 230 mil muertos, cientos de miles de heridos y siete millones de desplazados internos. El presidente Juan Manuel Santos comprendió, posiblemente desde su experiencia de tres años como Ministro de Defensa de Colombia, que no había otra salida que la negociación de un acuerdo de paz para extirpar este cáncer que socava el presente y el futuro de su nación. Y así lo inició, con una fina y paciente orfebrería. Varios años después, Colombia está a la puerta del “Fin del conflicto”, como lo consigna el acuerdo firmado este jueves entre el Gobierno y las FARC. Los líderes de las guerrillas, con su comandante Rodrigo Londoño Echeverri, alias Timochenko, a la cabeza, también lo comprendieron así y se incorporaron a las negociaciones. Sin dudas, queda un largo camino por recorrer para el abandono total de las armas, para garantizar la seguridad de los guerrilleros y para vencer los obstáculos internos existentes en los dos sectores. Pero el camino de la paz ya se está recorriendo. Las partes tienen la voluntad de seguir avanzando y las Naciones Unidas y los gobernantes de América Latina y muchos de otras latitudes están apoyando este “Fin del conflicto”. Nos unimos, pues, a la justificada y legítima alegría de los colombianos.

¿Y la delincuencia?

Está demostrado, en estos tiempos y en tiempos pasados, que los Gobiernos hacen lo que desean hacer en un santiamén, en un abrir y cerrar de ojos. Basta que el Palacio Nacional así lo quiera.
Los ejemplos antiguos y recientes sobran. Así tenemos el Faro a Colón, varias líneas del Metro de Santo Domingo, La Nueva Barquita y el nuevo hospital Doctor Darío Contreras.
Cuándo decidirá el Gobierno, entonces, diseñar una política de Estado para combatir la violencia y la delincuencia que nos pulveriza?